Iré directamente al grano: el movimiento LGTBI está politizado.
Lo está y lo tiene que estar, por supuesto. Y no hay que confundir estar politizado con estar instrumentalizado por parte de uno o determinados partidos políticos.
Partimos de la base que cualquier aspecto de la res pública, de aquello que nos afecta a todos, está sujeto a una valoración ciudadana de cómo disponer de ello. Casi siempre, erróneamente, cuando se habla de “politización” se hace referencia a un uso partidista que puede tener un determinado movimiento o reivindicación, sin embargo, desde el momento en que todos emitimos una opinión de cómo afrontar la categorización de una cuestión de calado público, y por tanto de si merece más o menos intervención del Estado, lo estamos convirtiendo en un tema politizado, en la concepción más clásica de la palabra.
Yendo a lo práctico: si consideramos que no es necesaria ninguna acción administrativa para garantizar la igualdad de las personas LGTBI estamos emitiendo una opinión política, y si sostenemos que el estado tiene que destinar más recursos para protegerlas ante situaciones de discriminación, también estamos emitiendo una opinión política.
Por lo tanto, por esencia, el movimiento LGTBI es político. Y que este colectivo, o parte de él, se manifieste reivindicando que el Estado adopte unas determinadas políticas públicas para su amparo, entra dentro de toda la lógica, y que critique a los partidos políticos que tienen en su ideario programático acciones que van en su detrimento también es normal, porque si no lo hicieran así, perderían toda su esencia como movimiento movido por una situación de anomalía padecida durante siglos (ahora yo estoy emitiendo una valoración política).
Por lo tanto, que el LGTBI “esté politizado” no es una tacha, y sólo demuestra que quien lo dice tiene un programa electoral o lleva a cabo unas acciones políticas contrarias a un colectivo que reivindica -con los mecanismos que decide- poder dejar de reivindicar.
