Por su parte, la Asociación de Centros de Enseñanza Profesionales de la Provincia de Baleares (Cecap) busca encontrar una solución dado que, en los últimos años, esta práctica no ha hecho más que "ir en aumento".
Según un comunicado, Pimem ha considerado necesaria "una actuación de oficio por parte de las administraciones públicas oportunas". En este sentido, han solicitado al Govern que actúe ante los "miles de anuncios de formación fuera de la legalidad".
"La presencia de profesores particulares que trabajan de forma clandestina, ilegal, sin pagar impuestos, en sus casas particulares, sin obtener la debida licencia municipal y sin cumplir las correctas normas de accesibilidad y prevención de incendios enfurece a un sector que se siente desprotegido por las instituciones públicas", han expresado desde Pimem.
En este sentido, los centros de formación asociados a Pimem "además de tener que competir con toda la oferta pública gratuita -pagada por la ciudadanía-, tienen que competir en un mercado donde existe un alto nivel de economía sumergida", han asegurado.
Para el presidente de la Cecap, Daniel Pérez, "lo inaudito de esta situación es que la única sanción que existe para este tipo de profesionales, que actúan fuera del marco legal, es la de un requerimiento".
Asimismo, ha expresado su malestar con la Conselleria de Educación, "tras no atender a la demanda de remitir una circular a todos los colegios e institutos informando de la ilegalidad de ese comportamiento".
Pérez ha afirmado que está "dispuesto a negociar" con la administración pública la posibilidad de poder ofrecer esa misma oferta gratuita a través de los centros de la asociación, "si así se consigue erradicar esta práctica invasiva". "Existe una pasividad administrativa y legal, que nos deja indefensos ante el intrusismo laboral", ha asegura Pérez.