El Producto Interior Bruto (PIB) pretende contabilizar la producción total de bienes y servicios finales en el interior de un país. Su objetivo, es tener una referencia para actuar como aconsejaba José el Egipcio, es decir, ahorrar en tiempos de vacas gordas para paliar las carencias cuando lleguen las vacas flacas.
Definir el PIB es más sencillo que calcularlo. En teoría hay tres formas de hacerlo, a través del agregado de los distintos valores añadidos en cada uno de los procesos de producción; sumando las rentas o los ingresos de los diferentes factores productivos o, por último, la que es más común, calculando la demanda agregada del conjunto de los residentes en un territorio. Esta tercera, suele ser la que publican los institutos de estadísticas, que, en principio, se supone que gozan de independencia para evitar sesgos interesados.
Pues bien, la demanda agregada incluye cuatro variables fundamentales, la primera es la que corresponde al consumo corriente de las familias, una variable ligada al ciclo económico, sobre todo, a través de la tasa de empleo. La segunda es la inversión, o formación bruta de capital, fundamental para el crecimiento futuro, y que es fruto de las posibilidades de ahorro. En tercer lugar, tenemos el gasto realizado por el Estado, es decir, por los gobiernos, una variable que puede actuar de forma contra-cíclica, o lo que es lo mismo, que se modere en tiempos de expansión económica y viceversa. Por último, nos encontramos con la variable que recoge el saldo comercial, esto es, la diferencia entre el valor de las exportaciones (demanda desde el resto del mundo) y de las importaciones (consumo nacional de bienes y servicios extranjeros). Se trata de una macromagnitud que nos ayuda a observar la competitividad de nuestra economía, pues un saldo positivo supone que los productos nacionales son escogidos por el resto del mundo.
Todos los saldos anteriores se deberían valorar a precios de mercado. Sin embargo, la producción de los funcionarios y empleados públicos carece de él, así que se opta por valorar su producción por lo que éstos cobran (o cuestan). Dicho en otras palabras, un funcionario es más productivo, en términos contables, cuando más cobra. O, lo que es lo mismo, si dos empleados públicos hacen idéntico trabajo, pero uno tiene una nómina más que otro, entonces contablemente uno produce más que otro.
En términos de demanda, un incremento del salario de los empleados públicos, tiene un impacto directo en los registros del PIB, con independencia de las consecuencias que tenga a medio y largo plazo tanto en exceso de crédito o como de inflación. Y esto es lo malo, pues es aprovechado por los gobiernos populistas cortoplacistas, no para mejorar los servicios ofrecidos, sino para maquillar las estadísticas económicas ante cualquier disputa electoral.
Se trata de una de las actuaciones más corrientes y habituales, pero también más desestabilizadoras de todo el proceso económico. Un auténtico “fallo de gobierno”, pues ampliar la nómina mediante el incremento de efectivos, o la mejora de sus retribuciones, por este motivo supone un aumento de los costes estructurales sin conexión con las necesidades, un auténtico peso muerto que lastra la productividad y, por tanto, el nivel de los salarios del resto de la población.
Los macroeconomistas de las primeras generaciones preferían dedicar los posibles incrementos puntuales del gasto público, destinados a suavizar los ciclos económicos, a inversiones más o menos productivas. Sin embargo, si observamos lo ocurrido en el último lustro las inversiones públicas han brillado por su ausencia, al tiempo que el número de las plantillas de empleados públicos y sus retribuciones crecen por encima de sus equivalentes en los sectores privados. Se configura así, un espejismo que tiene muy altas probabilidades de convertirse en un importante hándicap para los años venideros.
