Los propietarios de la primera gasolinera low cost de Mallorca, sita en Calvià, no salen de su asombro. El juez ha ordenado el cierre cautelar de su actividad a pesar de dejar constancia en el auto, de que no se acredita ninguna de las circunstancias que el demandante aporta para justificar el mismo.
Según ha podido averiguar mallorcadiario.com, el auto del juez explica que "la suspensión directa no puede ser directamente estima en la medida que la parte actora no acredita objetivamente los perjuicios irreparables que le podía suponer la ejecución del acto administrativo que impugna, ni alcanzan la envergadura e intensidad que justifique adoptar la medida cautelar solicitada..."
Poco después de asegurar este hecho, sigue explicando que "atendiendo a las circunstancias concurrentes" la medida cautelar solicitada se puede llevar a cabo si el demandante aporta un aval bancario como fianza, por valor de 427.680 euros.
En este caso, MAICA Petróleos (BP en Balears), empresa demandante en este caso, depositó el aval bancario solicitado por el juez, con lo que se procedió al cierre cautelar de la actividad de la gasolinera low cost.
Ante esta situación, la empresa explotadora apunta a una decisión incomprensible del juez como causa de tener que cerrar la gasolinera.
