Alejandro Fernández, afuerino presidente del Partido Popular en Cataluña, hace tiempo que sostiene que los segregacionistas de Junts y Esquerra han pactado con Sánchez seguir una concreta senda de ocho grandes pasos. Se trata de un pacto firme, que convierte el “procés català” en el “proceso español”, para que los firmantes acumulen más y más poder de una forma indefinida.
La lista de compromisos comienza, en su primer punto, con los indultos; seguida, en el segundo, de la supresión del delito de sedición y, en el tercero de la adaptación a sus necesidades del de malversación. Como cuarto punto figura la inhibición sobre el incumplimiento de sentencias lingüísticas, mientras que el quinto versa sobre la retirada del CNI de Cataluña. Estos cinco primeros que ya están cumplidos.
En sexto lugar, de la lista desvelada por Fernández, aparece la amnistía que, aunque todavía está pendiente, nadie duda sobre la decisión que acabará tomando el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido. También está por materializarse el séptimo punto sobre la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional del territorio catalán. El último punto será la legalización de la autodeterminación.
A criterio del dirigente catalán, la lista se fundamenta en que la alianza urdida tiene la necesidad de ir erosionando las instituciones que salvaguardan nuestra democracia, tal como ocurrió durante el golpe de estado independentista. Así, siguiendo la misma línea de pensamiento concluye que, paralelamente a lo expuesto, se continúa fraguando la construcción de una “estructura de estado” mediante la creación de una agencia tributaria que les faltó en su momento y el control de fronteras, ahora posibilitado con la excusa de traspasar las competencias de inmigración. También se demanda que los secretarios municipales pasen a ser autonómicos con idéntica intención.
Reconoce Fernández que la preocupación pública por el procés ha disminuido pero que, desde las instituciones controladas por los actuales socios, se sigue con la misma hoja de ruta establecida. Es por eso que considera que su obligación es evitar que el tema quede relegado a un segundo plano.
En definitiva, este es el fundamento por el cual considera que su partido no debería pactar, bajo ningún concepto, con Junts. Es más, predica que se tiene que aspirar a convertirse en una auténtica alternativa de gobierno para la Generalitat, pues, entre otras muchas razones, nunca podrán -ni querrán- igualar el precio que Sánchez está dispuesto a pagar a los separatistas en nombre de todos los españoles.
Desde luego, cualquiera que haya observado, con un mínimo de objetividad, el devenir de la democracia actual se habrá percatado de que, efectivamente, el nacionalismo siempre ha actuado con deslealtad. Una deslealtad que tristemente ha sido aceptada por ambos partidos mayoritarios, movidos por su ambición de ocupar los puestos gubernamentales. Sin embargo, como es cierto que cuando se puso en marcha el “procés” se activaron, -con resultados palpables-, los mecanismos para preservar la Constitución, ahora el pacto al que ha llegado con Sánchez es, precisamente, su desmontaje. La degradación institucional de estos años tiene varios motivos y éste es uno de los más relevantes.
Alejandro clama, una y otra vez, para que su partido asuma su certero análisis de la grave y delicada cuestión catalana como una de las cuestiones de mayor importancia a nivel del conjunto de España. Sin una propuesta clara y diáfana del principal partido de la oposición acerca del autogobierno de la Generalitat la destructiva inercia actual continuará avanzando hacia su meta.