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La insularidad y sus efectos

Por Juan Domínguez
miércoles 08 de junio de 2016, 04:00h

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La insularidad representa el mayor valor de la comunidad autónoma de Baleares, como también representa su mayor hándicap. Este mensaje podría ser, el compendio de todos aquellos que el poder político ha lanzado, sistemáticamente, desde hace unos cuantos años.


Los efectos de la insularidad son archiconocidos, en primer lugar, entre los residentes en Baleares y, también, entre los visitantes. Así, la interrelación entre ventajas y desventajas van ineludiblemente unidas, teniendo muy presente que la industria desarrollada en Baleares, el turismo, es el resultado de la puesta en valor del territorio insular, del mismo modo como dicha insularidad genera una serie larga de disfunciones a los actores sobre el terreno, los ciudadanos y empresas residentes.

Además, haciendo comparaciones, siempre odiosas, en España hay dos archipiélagos (Canarias y Baleares) y uno de ellos, el canario, goza de un sistema económico y fiscal diferente, por, la consideración de ultraperiférico, concedido por la UE y que le ha permitido beneficiarse de compensaciones por su insularidad, entre las que se encuentra un régimen fiscal único y diferenciado respecto del resto de los territorios del Estado.

Y, a mayor abundamiento, en los últimos tiempos las realidades insulares de nuestro entorno, islas como Córcega, han conseguido el reconocimiento explícito de su gobierno nacional (Francia) a sus desventajas y, por tanto, ha sido merecedora de un sistema fiscal diferenciado que, evidentemente, mejorará su situación económica y social.

En resumidas cuentas, lo que se debe intentar es no tratar igual a los que no lo son, por lo que la reivindicación de Baleares y desde Baleares, debe tratarse como materia estratégica. Argumentos sólidos existen.

Así, en todo aquello relativo a la mejora de financiación, Baleares no debe conformarse con el horizonte de la concesión de un régimen económico especial, que mejore el que ya tenemos desde el año 1998, sino que debe trabajar en la dirección de la obtención de la puesta en marcha de una mejora de la fiscalidad en el territorio que implique, un tato diferencial, entre otras, la reducción sustancial del IVA y del I/SOC, que permita el reequilibrio de los costes empresariales en las islas respecto de los peninsulares y que permita la recuperación de la competitividad que, como ya hemos explicado en diferentes artículos e informes, se ha reducido considerablemente en los últimos años.

No obstante lo anterior, ello tiene que implicar un compromiso valiente y firme, del poder político, por cuanto la consecución de esos demandas debe ir acompañada de una agenda de reformas cuya primera medida debe ser el re-equilibrio de las cuentas públicas, en virtud del cual se debe tender al déficit cero, así como la reducción paulatina del nivel impositivo a ciudadanos y empresas.

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