La infanta Cristina, hermana menor del Rey Felipe VI, será juzgada por los magistrados de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma, previsiblemente en 2016. Se sentará en el banquillo de los acusados junto a otros 16 procesados, entre los que se cuenta su marido, Iñaki Urdangarin (para quien la Fiscalía pide más de 19 años de cárcel), su socio en el Instituto Nóos Diego Torres, la esposa de este, Ana María Tejeiro, el expresidente de Baleares, Jaume Matas y José Luis Ballester, exdirector general de Deportes del Govern, entre otros.
A pesar de los ímprobos esfuerzos de sus abogados defensores y a que la Fiscalía no detecta indicios de delito en la persona de Cristina de Borbón, así como tampoco la Abogacía del Estado ni la de la Comunidad Autónoma, el juez instructor José Castro ha considerado suficiente que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias y el grupo de concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia sí formulen acusación por dos delitos fiscales y por tanto, la infanta deberá sentarse en el banquillo de los acusados y ser enjuiciada. Recordemos que Manos Limpias solicita 8 años de cárcel para la infanta.
El abogado Miguel Roca se apresuró a anunciar un recurso, a pesar de que el propio auto establece que contra él no cabe recurso alguno. La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, replicó que el auto no es recurrible y que pedir su nulidad sería incurrir en “fraude procesal”.
Al ser preguntado sobre la conveniencia de que la infanta renuncie a sus derechos dinásticos, Miguel Roca respondió que “no es un tema que haya sido confiado a nuestra defensa”, desentendiéndose de tan espinosa cuestión.
Llegados a este punto, la infanta está obligada ética y moralmente a presentar su renuncia a los derechos dinásticos que ostenta en la sucesión al trono de España. Actualmente ocupa el 6º puesto en el orden dinástico, por detrás de la princesa de Asturias Leonor, la infanta Sofía, la infanta Elena (su hermana mayor) y los hijos de esta, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica. Aunque es del todo improbable que ella llegase a ser reina (y su marido Iñaki Urdangarin, rey consorte), su permanencia en ese puesto sucesorio está causando un irreparable daño a la institución monárquica y a su hermano, el Rey Felipe. De hecho, el Rey pronunciará mañana noche su primer discurso de Navidad como Jefe del Estado y tras la decisión del juez Castro de sentar a su hermana en el banquillo, esta intervención se ha convertido en un asunto muy complicado de gestionar por parte de la Casa Real y compromete sobremanera al soberano, necesitado de acciones de más calado que la de apartar a su hermana de las actividades de su Casa y suprimir cualquier referencia suya en la página web de la Institución.
El domingo, Pedro Sánchez (que ayer participó en un chat con los lectores de mallorcadiario.com) en el programa “Salvados”, que presenta Jordi Évole en La Sexta, al ser preguntado sobre en qué momento deben dimitir los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, imputados en el caso de los ERE, declaró que cuando vayan a juicio. Este, que es uno de los criterios más laxos de los que demuestran los partidos políticos actualmente ante el fenómeno de la corrupción, debe ser al menos el criterio que siga la infanta Cristina. Su deber es el de renunciar inmediatamente, si tiene algún sentido de la responsabilidad. La condena social ya la tiene, como acertadamente confesó el fiscal Horrach y solo le queda evitar dañar más a la Institución y al actual Rey, Felipe VI, quien en poco tiempo está logrando restaurar la imagen de la monarquía.
