Tras la incursión de oficio de la Fiscalía en el asunto de los contratos otorgados por las consellerias de Més a su jefe de campaña, Jaume Garau, todas las apelaciones a la legalidad de lo actuado deben tomarse con gran precaución, porque antecedentes hay de sobra en que todo tenía apariencia legal y luego acabó siendo motivo de condena por un tribunal. La actuación de la Fiscalía es una garantía de que se vigila la legalidad de los contratos otorgados a Garau y desde este punto de vista, la máxima colaboración que anunció la presidenta del Govern, Francina Armengol, y de la que se ha hecho gala hasta el momento, es algo por lo que hay que felicitarse.
Obviamente, la decepción con Més es absoluta porque hasta ahora, sus dirigentes exhibían como gran mérito -y con razón- una total honradez y honestidad. Pero ahora ese mérito se diluye a cada información periodística y a cada actuación de la Fiscalía, pues arraiga entre la ciudadanía la creencia de que desde las consellerias controladas por Més, se benefició a su gurú electoral. Si hubo o no fraccionamiento de contratos y si los trabajos se llevaron a cabo de conformidad a lo contratado, ya lo dirá la Fiscalía. Pero que Més incurrió en una relajación ética poco justificable, es algo de lo que ya nadie duda. Y justamente ese listón ético y moral era lo que les hacía diferentes al resto de formaciones políticas. De ahí la gravedad de lo que está sucediendo, con la decepción consiguiente entre sus filas y también en general, entre los votantes de izquierdas.
