La Guardia Civil de Baleares no figura entre las comandancias investigadas en el 'caso Cuarteles', aunque padeció un escándalo anterior en el año 2005, llamado 'caso Facturas', donde el entonces coronel jefe, Francisco García Peña falsificó un expediente de obras para obtener 12.000 euros de dinero público.
La Benemérita vive uno de los momentos más convulsos desde su fundación por Francisco Javier Girón de Ezpeleta, Duque de Ahumada, en 1844. El cénit de esta crisis llegó el miércoles día 22 con la dimisión de su directora general, María Gámez, la primera mujer al frente de la institución; hecho que obligó este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a comparecer a petición propia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Gámez renunció al cargo al conocer que su marido ha sido citado a declarar por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en calidad de investigado, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo. Se sospecha que Juan Carlos Martínez, esposo de Gámez, podría haber recibido, a través de la empresa de su hermano, al que también se investiga, subvenciones de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011, en una derivada del 'caso ERE'.
Para evitar que el asunto contribuya a desangrar al PSOE, a su familia y a la propia Guardia Civil ante la proximidad de las elecciones, Gámez optó por darse por vencida y abandonar el cargo. Y ello en plena vorágine de dos casos de corrupción que sacuden duramente al benemérito instituto: el 'caso Mediador' y el 'caso Cuarteles'.
Este último caso, el 'caso Cuarteles', que investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, se refiere a las irregularidades en la adjudicación de 193 obras de reforma en distintos acuartelamientos de la Benemérita de 13 provincias, entre marzo de 2014 y abril de 2019, que sumarían 3,3 millones de euros.
Se sospecha que se habrían amañado contratos para beneficiar a una sola empresa canaria, del constructor Ángel Ramón Tejera de León ‘Mon’, quien habría inflado facturas con trabajos no efectuados realmente.
En el apaño, estarían involucrados el teniente general Pedro Vázquez Jarava y otros responsables de comandancia, como el coronel José María Tienda, cesado al frente de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife, y el teniente coronel Carlos Alonso.
La comandancia de Balears no forma parte del listado de unidades cuyas obras se investigan. Las irregularidades cometidas por el coronel Francisco García Peña en 2005 y por las que fue condenado a un año y medio de cárcel por el Tribunal Supremo, parecen haber vacunado a la comandancia balear ante posibles ilegalidades en materia de obras.
En aquel episodio, que fue bautizado como 'caso Facturas', el entonces coronel jefe de la Zona de Balears, falsificó un expediente de obras con el objetivo de conseguir dinero público para comprar mobiliario y electrodomésticos para su pabellón oficial en la comandancia palmesana.
Al destaparse el asunto en septiembre de 2006, García Peña fue cesado de forma fulminante por el entonces director general, el mallorquín Joan Mesquida.
'CASO FACTURAS'
La Audiencia de Palma juzgó y condenó a García Peña, al coronel Luis Cuadri y al capitán José López García Trujillo, pero en febrero de 2010 el Supremo absolvió a Cuadri y Trujillo al considerar que no estaba suficientemente acreditado que hubiesen sido inductores del delito. García Peña vio rebajada su condena inicial de tres años de cárcel a 18 meses.
También fue condenado el constructor Jaime Ferragut de Construcciones Calabruix, quien tras cobrar 12.505 euros por los trabajos no realizados, entregó un sobre al capitán Trujillo con 12.000 euros para que se los hiciera llegar a García Peña. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ejerció la acusación popular en el caso.
De este modo, la Guardia Civil de Baleares ya conoce las consecuencias que puede acarrear cometer irregularidades en materia de obras en cuarteles, pues ya padeció en el año 2006 su propio ‘caso Cuarteles’, algo que no se ha olvidado.
