La formación para el empleo

El fracaso del actual Sistema de Formación para el Empleo se hace patente en el bajo nivel de eficiencia del mismo a pesar de los recursos destinados según datos de todas las administraciones y del propio sector privado. Un erróneo y costoso sistema al que nadie termina de meter mano, empañado por  intereses no siempre nobles de índole política, empresarial o sindical. La Formación para el Empleo debería entenderse algún día como un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras y no de las administraciones, organizaciones sindicales, ni de las patronales. El actual sistema de Formación para el Empleo, se financia fundamentalmente con las aportaciones que hacen los trabajadores y las empresas mediante las cuotas de formación profesional, junto con cantidades procedentes del Fondo Social Europeo. Estos fondos son gestionados por la Fundación Tripartita, entidad privada formada por la Administración Central, las CC.AA y por las organizaciones empresariales y sindicales denominadas “más representativas” -es decir- CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME. Sólo el coste de funcionamiento de este innecesario invento para este año 2013 es de más de 31 millones de Euros y evidencia una silenciada y cómplice privatización de la gestión de la formación, bajo el pretexto de que esta entidad asiste técnicamente al Servicio Público de Empleo participando en la instrucción de los procedimientos y en la elaboración de las propuestas relativas a la resolución y justificación de las subvenciones. Para entendernos: los mismos que resuelven y controlan las iniciativas son los principales beneficiarios de las subvenciones, haciendo funciones que perfectamente podría llevar a cabo la administración. Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 cifran en 1.801 millones de euros los fondos totales que se dedicarán este año a formación para el empleo. No hace falta ser un lince para oler el tufo que desprende todo esto y sospechar del desesperado interés de todas estas organizaciones en que el actual subsistema continúe como está, y no vayamos a pensar que lo hacen por un obsesivo altruismo formativo sino más bien por un suculento porcentaje por esa gestión para la saca correspondiente. No hubo mes en este 2013 en el que no hayan salido en la prensa numerosos despidos –por cierto, aplicando hipócritamente las perversas condiciones de la Reforma Laboral que criticaban horas antes- en distintas sedes de los sindicatos “más representativos” y en centros y empresas de formación adheridas, al haber descendido los fondos respecto al año anterior en un 20%… toda una muestra de que sus presupuestos no dependen como deberían de la cuota de sus afiliados si no del dinerito de papá Estado, o sea de todos. La Reforma Laboral introdujo novedades que empeoraron aún más si cabe el anterior panorama, dejando por ejemplo que entidades y centros de formación de titularidad privada y sin adscripción alguna a organizaciones sindicales o empresariales, puedan ser beneficiarios y ejecutores de cursos de formación, provocando situaciones dantescas, presentándose algunas organizaciones varias veces a una misma convocatoria con distintos nombres. Chapuza tras chapuza, privatización al cuadrado. Soy de la opinión –cada vez más compartida desde distintos ámbitos- de que los sindicatos y las organizaciones empresariales no deben ser ejecutores de los planes de formación, ni deben pasar esos fondos públicos por sus cuentas corrientes, a excepción de la formación destinada a representantes de los trabajadores para el desempeño de sus funciones y competencias que debería estar en manos de las organizaciones sindicales por las que se presentaron en las elecciones sindicales. El modelo de gestión y ejecución directa de la formación para el empleo debería ser gestionado por la Administración Pública, contando y aprovechando la red de centros públicos, centros educativos, centros de formación profesional, creando plataformas y portales digitales gestionados por la propia administración, con empleados públicos cualificados para su funcionamiento y para la impartición, sin intervención de entidades privadas ni subcontrataciones siempre que sea posible, participando el conjunto de los agentes sociales en la programación, seguimiento y evaluación de todo el proceso, pero no como ejecutores directos.