La Fiscalía Anticorrupción se encuentra a la espera de que la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos a través del Instituto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, para poder cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron a través de su entidad aparentemente sin ánimo de lucro por trabajos cuya realización no ha sido justificada, y a partir de ahí solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria.
Sin embargo, aunque el Ministerio Público está pendiente de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según apuntaron fuentes de la investigación a Europa Press.
Ya al término de la declaración que prestó Urdangarin ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, las acusaciones contemplaban solicitar medidas cautelares contra el imputado si bien varias semanas después, pendientes de cuantificar la cantidad exacta que pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que declarasen otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos investigados.
Así, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la pieza número 25 del caso Palma Arena, ya anunció que solicitaría la imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta causa representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha efectuado por el momento al instructor de las pesquisas.
