La familia de Laura Venzal reacciona. Tras la retirada del primer expediente al director del IES Marratxí, Jaume March, han anunciado acciones legales contra el gobierno presidido por José Ramón Bauzá, por inactividad de la administración, dejación de funciones e infracción de la normativa administrativa para la instrucción de expedientes, además de presentar denuncia ante el Defensor del Pueblo. Lo han hecho en la sede central de la Fundación Círculo Balear (FNCB)-
José Pedro Venzal ha relatado los hechos que motivaron las denuncias contra el director del IES Marratxí (Mallorca), Jaume March, "con profusión de detalles y confirmando una abrumadora cantidad de pruebas que se han aportado desde hace más de 2 años a la consejería de educación que demuestran la alta politización nacionalista que ha llevado a cabo dicho director impidiendo incluso el desarrollo de las clases cuando se lo pedían sus alumnos", ha dicho. El relato del padre haciendo referencia al acoso que han sufrido y siguen sufriendo sus otros hijos escolarizados en ese centro, incidiendo en las pruebas que posee, ha sido estremecedor hasta el punto que ha tenido que interrumpir su declaración visiblemente emocionado.
Los padres han declarado sentirse desolados, engañados y abandonados por un gobierno cuyos más altos responsables, incluido el presidente José Ramón Bauzá, les habían prometido una resolución del expediente.
La familia Venzal no ha recibido una sóla comunicación ni copia del expediente desde hace más de 15 meses desde la última denuncia interpuesta a raíz de la conculcación del derecho a la educación por parte del director Jaume March, en los días de huelga del pasado año. Enterándose ayer por los medios de comunicación del archivo del expediente. "No sabemos si se ha llegado a instruir el expediente"
La familia insiste que lo único que piden es que se instruya el expediente y les atiendan tal como establece la ley en un tema tan grave como el que afecta a derechos elementales de sus hijos menores de edad. Ante esta situación la familia ha anunciado que presentarán demanda contra la consejera de educación y el departamento de inspección educativa, además de registrar denuncia ante el Defensor del Pueblo.
Finalmente, el presidente de la FNCB, Jorge Campos, ha declarado que la entidad asesora a esta familia y otros socios que se ven en situaciones similares y que tampoco reciben respuesta de la consejería de educación: "Estamos ante una clara falta de voluntad política para hacer cumplir la ley y sancionar a los que la infringen y esto es muy grave en democracia. Desde el nombramiento de la nueva consejera, Nuria Riera, parece que se ha adoptado una estrategia de claudicación ante el sector docente nacionalista. A 6 meses de las elecciones da la impresión que el gobierno quiere calmar al sector docente nacionalista a costa de perder a sus votantes."
La FNCB tiene cita con la consejera de educación, cerrada antes de conocerse estos hechos, el jueves de la semana que viene: "En esta reunión confirmaremos si el gobierno ha optado por abandonar a las miles de familias que han reclamado que se cumpla la ley en sus centros educativos. Sabremos si prefieren contentar al sector nacionalista antes que a la mayoría de la ciudadanía que había depositado la confianza en un gobierno para que las escuelas fueran un espacio sin politización donde la libertad y la excelencia educativa se abrieran paso."
