TOMÀS IBARZ. El Gobierno ha enviado a las Cortes un proyecto de Ley para regular los sistemas eléctricos en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Dice que lo hace para fomentar la competencia e incrementar la seguridad, aunque lo que se vislumbra claramente es un ataque a la eléctrica Endesa a través de un intervencionismo que pone los pelos de punta y que va contra el libre mercado, además de reventar la seguridad jurídica en un sector clave para el progreso y el desarrollo de un país. El Gobierno utiliza la factura eléctrica como arma arrojadiza contra las eléctricas, utilizando a los consumidores de escudos humanos.
Según el Gobierno, esta ley permitirá ahorrar 440 millones de euros. Pero no pocos analistas consideran que esta previsión es irreal y peca de excesivo optimismo, lo que el Gobierno utiliza a su favor para justificar una cuestionable actuación que si no vulnera las leyes europeas de la competencia será de milagro. El ahorro que dice pretender el Gobierno no tiene en cuenta los sobrecostes fijos que superarían ese cálculo hasta hacerlo desaparecer. Un cálculo economicista que por ficticio se puede volver en contra del propio Gobierno.
El ministro de Energía, el canario José Manuel Soria, pretende con el único fin de lesionar a Endesa, permitir la instalación de potencia nueva subvencionable completamente innecesaria, pues se autorizará en zonas donde se supera el índice de cobertura, algo que actualmente está vetado legalmente. De este modo, subvencionando nueva potencia se incentiva la sobrecapacidad, haciendo que el sistema sea ineficiente y que se disparen los costes fijos, con los que alguien tendrá que cargar. ¿Adivinan ustedes quién? ¡En efecto! Los usuarios de energía eléctrica: hogares y empresas.
El presidente Rajoy y su ministro Soria en este campo, como en tantos otros, están actuando de forma radicalmente contraria a su supuesto ideario político. El liberalismo económico no ampara actuaciones intervencionistas que quiebran las reglas del juego para favorecer a unas compañías perjudicando a otras. Este proceder no es admisible. Y mucho menos si el afán intervencionista del Ejecutivo lo acabamos pagando los ciudadanos, bien a través de nuestros impuestos o a través de la factura de la luz.
