El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Antoni consideran que la regulación del acceso a Cala Salada ha sido un éxito que debe extenderse a otras zonas de la isla, como las playas de Benirràs, ses Salines, Cala d'Hort y Cala Comte. La consellera insular de Movilidad, Pepa Marí y el concejal de Medio Ambiente de Sant Antoni, Pablo Valdés, han hecho hoy balance del proyecto piloto del plan de regulación de acceso a la playa, que consistió en la restricción del tráfico con barreras en el acceso y la puesta a disposición de autobuses desde la estación de autobuses y el complejo deportivo Can Coix.
Según Marí, "las medidas tomadas este año en Cala Salada no son reversibles y lo que hay que hacer es extenderlas a otros lugares".
Ha apuntado la posibilidad de que en el futuro el modelo de Cala Salada se extienda a playas como Benirràs, ses Salines, Cala d'Hort y Cala Comte, y ha señalado que el Consell acompañará a los ayuntamientos que propongan medidas en esta línea.
Marí ha explicado que en los primeros 85 días desde que comenzó el servicio en junio, se vendieron 37.250 billetes y que media diaria ha sido de 438 unidades.
La jornada de mayor actividad se registró el 14 de agosto cuando se expidieron 1.184 billetes de ida o vuelta en un solo día.
La consellera también aportó cifras sobre el aumento de la utilización del autobús desde que el servicio se puso en marcha, con 1.431 billetes expedidos en la primer semana de junio, hasta última semana contabilizada, la tercera de agosto, cuando se ha pasado a 6.465.
"La gente, al final, sabe que a Cala Salada se va en bus", ha asegurado Marí, que ha destacado que a los dos microbuses del inicio de temporada, se tuvo que sumar un tercer vehículo por la creciente demanda.
Por su parte, Valdés ha recordado que es una playa de alto riesgo y que la regulación ha mejorado el tiempo de respuesta a las urgencias.
"El verano pasado hubo 12 incidencias muy graves en Cala Salada y el tiempo de respuesta en alguna llegó a ser de dos horas y media. Este año sólo se ha registrado una incidencia grave con un tiempo de respuesta de 13 minutos", ha informado el edil.
También ha explicado que la intención era poner en marcha este proyecto piloto "aprender de las circunstancias que se dieran", que se mantendrá y mejorará de cara al año que viene.
"Si hay que señalizar o tomar otras medidas que minimicen las molestias, se hará", ha anunciado Valdés, que ha avanzado que se estudian también otras actuaciones para regular los fondeos en el municipio de Sant Antoni.
El coste de la regulación de Cala Salada ha sido para el Consell de 15.000 euros en señalización y cartelería, y de 36.000 euros en la impresión de 36.000 folletos informativos.
A esta suma se debe añadir el coste del servicio de transporte, que "será inferior a lo estimado inicialmente" por el éxito de la iniciativa.
Para el Ayuntamiento de Sant Antoni, el coste ha sido de 40.000 euros por gastos como la colocación de las barreras y la contratación de los controladores y el informador.
