El debate sobre el sistema educativo en nuestro país seguirá latente hasta que no clarifiquemos qué modelo de Estado queremos. Y es que, en estos momentos, con la descentralización de la competencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas, y a pesar de que exista una Ley Orgánica de Educación que se debe aplicar en todo el territorio español, nos encontramos que en España existen diecisiete subsistemas educativos.
A pesar de que existe un currículum común que debería suponer una cierta unidad formal, es muy difícil abordar la educación española como un conjunto armonizado. Los costes económicos, los resultados académicos y el esfuerzo de los centros educativos para conseguirlos, muestran una diversidad acuciante entre Comunidades Autónomas. Las hay que son más aventajadas y las hay que no lo son tanto.
La solución a esta diversidad únicamente pasa por unificar estos diecisiete subsistemas. El problema es que actualmente no tengo la certeza de que todos los partidos políticos españoles estén por la labor de que exista un único sistema educativo español. Dicho en otras palabras, depende de la voluntad política de querer avanzar en el principio constitucional de igualdad. Sí, de igualdad. Y es que, hoy en día, nacer en una comunidad autónoma o nacer en otra te puede suponer una discriminación educativa.
El líder del PP, Pablo Casado, acierta cuando dice que hay que replantearse devolver las competencias de educación al Estado. Algunos se echarán las manos a la cabeza y calificarán de absurda y centralista la propuesta. Lo que tiene que hacer el líder del PP es ser valiente e iniciar la recentralización. También tiene que explicar bien en qué se basaría la devolución de la competencia educativa al Estado. No hay que dejar de lado el estudio de esta propuesta desde el punto de vista constitucional. Sería la primera vez desde que está vigente nuestra Carta Magna que se volvería hacia atrás en un asunto de Estado como éste. Pero tampoco hay que dejar de lado y obviar el sentir social, de cada vez más generalizado que piensa que la solución al problema educativo español pasaría por esto.
Uno de los fallos de los distintos gobiernos españoles en materia educativa ha sido no plantearse las acciones de gobierno con una visión futurista y a largo plazo. Actualmente debemos plantearnos que la educación tiene que ser uno de nuestros motores económicos como país. Si queremos ser competitivos mundialmente y mostrar nuestro talento en el exterior debemos hacerlo bien.
Por ello, devolver la competencia de educación al Estado no es sinónimo de dejar a la autonomía vacía de gestión; pero sí hacer un replanteamiento de las mismas. Por ejemplo, la ordenación académica tiene que ser únicamente estatal. La LOMCE ya daba un paso en este sentido. Este hecho no debe suponer un inconveniente a las comunidades autónomas. Del mismo modo que no lo supone, la ordenación académica de la Formación Profesional que ya está en manos del Estado y todos lo aceptamos como bueno.
Otra medida más que se tendría que abordar sería la recuperación del carácter nacional de los cuerpos de maestros y profesores. Esto significa que las oposiciones tienen que volver a ser estatales. Realizar una buena selección del profesorado es clave para el éxito educativo de una sociedad. Así lo demuestran los resultados académicos de los países que aplican esta fórmula. En este nuevo sistema de selección de docentes se debería incluir el famoso MIR educativo. De este modo, se reforzaría la figura del docente como eje vertebrador de nuestra sociedad.
En tercer lugar, recuperar la Inspección Educativa ordinaria como instrumento del Estado para asesorar, evaluar y garantizar que se cumpla la legislación básica y que todos los españoles sean iguales en oportunidades, garantizar que se respetan sus derechos fundamentales y garantizar que gocen de una misma formación sin más diferencia que las que provengan de su esfuerzo y responsabilidad. Esto no es más que copiar el modelo de otras inspecciones que articulan el Estado, como la de Hacienda o la de Trabajo.
Relacionado con la inspección, se hace necesaria la reforma integral de la Alta Inspección de Educación. Organismo al que hay que dotar de mayores competencias creando un cuerpo de funcionarios para desarrollar las funciones otorgadas.
En definitiva, una larga y ardua tarea que únicamente se conseguirá con voluntad, trabajo, y excelencia, es decir huyendo de la mediocridad; y la mediocridad no es sinónimo de equidad. La equidad es otra cosa. Tenemos que recuperar el valor del esfuerzo que ahora no existe. Y para concluir, lanzo una pregunta abierta parafraseando a Juan Domingo Perón, político argentino: “La acción política es una lucha de voluntades. ¿Cuáles obedecen a nuestra voluntad y cuáles a la voluntad contraria a la nuestra?.
