La dulzura del fiscal general con la infanta

La infanta Cristina ha encontrado en el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, un apasionado y contundente abogado defensor que en la práctica deja contra las cuerdas al juez Castro, instructor del caso Nóos. En repetidas y recientes declaraciones, Torres Dulce ha insistido por activa y por pasiva en que "no hay nada contra la infanta".

Es tan contumaz su defensa, está ya tan claro que la acusación pública ha puesto a la hija del rey en los altares, que la instrucción del caso puede entrar muy pronto en vía muerta. ¿Como es posible jurídicamente proceder contra el yerno y su antiguo socio y dejar inmaculada a Cristina? Todos los favores y todo el dinero conseguido por Urdangarín fue a causa de que es el marido de la infanta. Ni un céntimo salió de las instituciones simplemente por la cara bonita del exbalonmanista. Los políticos que se prestaron lo hicieron a sabiendas de que beneficiaban a la hija del rey. Este dinero se destinaba a la felicidad de la infanta, comenzando por la compra del espectacular palacete de Pedralbes. Sin la infanta no hay caso.  Iñaki Urdangarín y Diego Torres son personajes de segundo nivel dentro de este escándalo.

¿Cabe imaginar una vista oral en la que todas las responsabilidades acabasen en el yerno y su socio? Podría ser caricaturesco: juzgar un caso de supuesta corrupción institucional con la beneficiaria exonerada por Fiscalía. Este juicio se parecería a un castillo de naipes. Todo induce a pensar que el magistrado Castro está muy cerca del callejón sin salida. No puede embargar a Urdangarín porque la mitad de sus propiedades son de la desimputada Cristina. ¿Y como va a embargar a Diego Torres si no puede hacer lo propio con el socio-yerno?

Parece un embrollo, pero no lo es. El fiscal general del Estado es designado a dedo por el Gobierno. Los fiscales están organizados en una estructura fuertemente jerarquizada a las órdenes del fiscal general. Y si los fiscales no acusan, la fuerza de los jueces queda reducida al mínimo. En consecuencia, el caso de la infanta está sirviendo para demostrar que quien tiene el poder en la sombra y manda en última instancia es el poder político.