La Constitución cumple 35 años envuelta en la polémica de si algunos de sus pilares fundamentales continúan siendo válidos después de tanto tiempo. Lo seguro es que los actuales españoles menores de 53 años no la han votado. Esta carta magna fue en su momento un admirable ejercicio de consenso destinado a superar los efectos de una espantosa guerra civil y casi cuatro décadas de dictadura. Hacía falta un gran acuerdo para que cupieran todos, desde los partidos democráticos surgidos de la clandestinidad hasta todo el aparato burocrático público, procedente e hijo del franquismo. Desde la figura del rey Juan Carlos, que en 1969 había jurado los Principios Fundamentales del Movimiento ante los ojos del por entonces intocable Caudillo, hasta la aceptación del Estado autonómico, reconociendo la existencia de nacionalidades en España y preservando el respeto y la protección de las lenguas distintas del castellano en sus respectivos territorios. La Constitución nacía también cargada de ingenua utopía, al reconocer el derecho de todos a tener trabajo y vivienda. Pero en aquellos años setenta, con el franquismo sociógico aún activo, era un instrumento altamente válido, eficaz y de futuro. Mucho ha llovido desde entonces. Aquel 1978 era impensable que la Justícia llegase a actuar contra familiares del Monarca. Tan impensable era que recientemente se ha abierto la polémica sobre quienes pueden considerarse Familia Real y quienes no, llegándose a la sorprendente conclusión de que un yerno no es un familiar directo. La Constitución no lo prevé, como otros muchos puntos que afectan a la Jefatura del Estado. Otro punto que va adquiriendo gran importancia es la configuración del propio Estado. La exigencia de avanzar hacia una estructura federal puede convertirse en uno de los grandes debates a medida que se vaya superando la crisis económica, e incluso antes. Comunidades como Baleares o Cataluña arrastran un déficit que con el paso de las décadas se va haciendo asfixiante: aportan a Madrid mucho más de lo que reciben. Tal disfunción acaba por tener efectos altamente perniciosos: la voracidad fiscal capitalina impide que estas comunidades más activas puedan ejercer de motor de las más lentas. Si se mira correctamente, los resultados de la asimetría acaban siendo mucho más solidarios que el perjudicar a los pueblos más pujantes para beneficiar las autonomías más anquilosadas. El avance hacia el Estado federal podría paliar -y mucho- tensiones tan grandes como las que se viven actualmente en Catalunya. Y no habrá más remedio que abordarlo. Es probable que sea uno de los grandes debates del 2015, en el cual se producirán las grandes citas de las elecciones autonómicas, locales y finalmente las generales. Las mentes más lúcidas insisten cada vez más en una gran reforma de la Constitución. El PP, de momento, nolo acepta. Pero cabría recordar que en 1978, la Alianza Popular de Manuel Fraga, madre del actual partido del Gobierno, también fue quien más pegas y reticencias puso al nuevo texto constitucional. Lo consideraban demasiado progresista para la época. Sin embargo, ahora son sus principales valedores. Esta es la mayor prueba de que los tiempos han cambiado, de que se impone un nuevo marco legal adaptado a las nuevas generaciones y a las nuevas aspiraciones de una España que no puede ni debe quedar obsoleta en su estructuración jurídica y convivencial. O se avanza en el federalismo o las tensiones con diferentes comunidades periféricas llevan camino de convertirse en insolubles.
