El COVID llegó por sorpresa y obligó a la adopción de medidas drásticas para evitar un contagio masivo de la sociedad. Como es sabido, desde ese momento, durante el confinamiento y después de él, se ha propiciado por parte de la administración el contacto telemático con los ciudadanos.
Ya la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) establece que la comunicación del administrado con la Administración ha de ser preferentemente por medios telemáticos, e incluso para todo una serie de agentes -sobre todo las personas jurídicas-, este método es obligatorio. Si en el momento de tramitación y aprobación de esta ley no se dispuso la obligatoriedad en todos los casos es por la consciencia de la brecha social existente en la materia. Para entendernos, buena parte de la población no está preparada.
Esta realidad, que determinó los límites impuestos en la LPAC, es día a día ignorada por la dinámica de actuación de la administración, y uno llega a plantearse si el COVID no es una excusa en muchos casos para ‘quitarse a gente de encima’ amparándose en el uso de las TIC. La atención presencial ha sido eliminada en muchas oficinas, y en las que se permite, en general, se requiere cita previa. Causa total impotencia ver que uno necesita imperiosamente realizar un trámite administrativo y no se puede presentar a las dependencias sin cita previa y tampoco la consigue por internet o llamando al teléfono de contacto. La alternativa que se da (presentar un escrito por medios telemáticos) le suena a chino a un porcentaje muy importante de los ciudadanos. Por suerte esta situación no se da en todas las administraciones, pero sí en bastantes.
El objetivo de conseguir una comunicación con la administración por medios telemáticos es muy loable: ahorra tiempo, aglomeraciones y trasvase de documentación en papel, y por otra parte aporta seguridad jurídica porque queda constancia fehaciente de las actuaciones realizadas. Sin embargo, no se puede empezar la casa por el tejado, y son muchas personas que andan totalmente perdidas por no tener una formación, medios o edad que les permitan ser diestras en materia de tecnologías de la comunicación.
