Con una economía globalizada, una tasa de paro elevada, empleo precario y una sociedad envejecida, la garantía de bienestar de un país se concentra en unos servicios sociales de calidad. Como cada año, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho público el índice de desarrollo del sector. La nota media es de suspenso.
El índice da mucho valor a la financiación, hace mucho hincapié en los recortes económicos y analiza el ranking de servicios por comunidades.
La financiación es mixta. Solo un 15% de los fondos destinados a los servicios sociales tienen su origen en los Presupuestos Generales del Estado. Más de la mitad de los recursos lo aportan las Comunidades Autónomas. Un 25% de las necesidades se cargan sobre las debilitadas economías de las Administraciones Locales.
En los extremos, encontramos el muy deficiente de la Comunidad Valenciana, con un 1 y el sobresaliente del País Vasco, que recibe la puntuación de 8. Galicia, Murcia y Canarias superan el 2 con dificultades. El resto de comunidades se colocan en la zona media, destacando el batacazo de Catalunya que ha pasado en 4 años de la champions a primera regional.
Por encima de las notas de cada comunidad, llama poderosamente la atención la brecha que se ha producido entre ellas. Con una legislación básica común, la disparidad entre comunidades autónomas, tiene que ver directamente con sus dotes de gestión y de las habilidades en su aplicación.
De poco sirve, en este caso, que los españoles seamos iguales ante la ley. Viene a demostrar que la calidad de los servicios sociales, algo tan serio como la atención que se presta a los más frágiles, a la protección social de los ocho millones de personas más necesitadas, depende de dos variables intrínsecas, su capacidad de reforma y la descentralización.
No nos confundamos. Poco o nada tiene que ver la financiación global de la comunidad, ni su nivel de autonomía, ni la dispersión de su territorio, ni el color político, ni la insularidad.
La verdadera reforma es la que viene protagonizada por la rigurosidad, el nivel técnico de su administración y su capacidad de gestión. La descentralización, entendida como acercar las decisiones importantes para los ciudadanos, a sus los órganos locales. Lo demás, en román paladino, pamplinas.
