La Audiencia Provincial de Baleares ha suspendido por motivos de agenda la vista del caso Exámenes programada para este martes, según ha informado el gabinete del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). La Sección Primera iba a acoger a las 13.00 horas una vista previa al juicio a siete personas, entre ellas excargos y funcionarios de la Policía Local de Palma, acusadas de alterar el resultado de un concurso-oposición para optar al cuerpo municipal.
Siete funcionarios de la Policía Local de Palma, incluyendo el director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, enfrentan acusaciones por presuntamente alterar fraudulentamente los resultados de un concurso-oposición para beneficiar a ciertos agentes. Según la acusación, alteraron el resultado del concurso-oposición para favorecer a ciertos agentes, proporcionándoles preguntas y respuestas antes de las pruebas.
El fiscal sostiene que esta acción tenía como objetivo asegurar el ascenso de dos agentes y la adquisición de una plaza fija como funcionario para un tercero. Las acusaciones incluyen delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión de perseguir delitos. El fiscal pide penas de prisión e inhabilitación para los acusados, que van desde 15 meses hasta ocho años y medio de inhabilitación, dependiendo del delito y del acusado específico.
Según el escrito de acusación, el director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera, y el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, habrían alterado fraudulentamente el resultado del concurso-oposición.
Para Calvo, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación por un tiempo de cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, pide ocho años y seis meses de inhabilitación.
Para Vera, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años; por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación, y por el delito de omisión de perseguir delitos, 15 meses de inhabilitación.
Para Estarellas, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación.
Para otros tres acusados, el fiscal pide 18 meses de prisión e inhabilitación especial para cargo público durante cuatro años por el delito de revelación de secretos -a cada uno-, y para el séptimo procesado pide 15 meses de inhabilitación por el delito de omisión de perseguir delitos.
