La Audiencia de Palma confirma la imputación de tres funcionarios de la Conselleria de Turismo en el caso Rocamar por presunta prevaricación al avalar el pago con fondos públicos de 971.671 euros por un hotel en ruina en el Puerto de Sóller. La sección segunda de la Audiencia de Palma ha hecho público un auto en el que desestima la apelación interpuesta por la defensa de los tres funcionarios contra la decisión del juzgado de instrucción 1 de Palma de rechazar la petición de sobreseimiento que plantearon a finales del año pasado. De esta manera, la Audiencia confirma la decisión del juzgado instructor que les denegó la petición de sobreseimiento anticipado de las actuaciones derivadas de este caso. El tribunal apunta a que "existen argumentos suficientes para rechazar la petición" de los recurrentes, porque "la investigación no ha concluido" y las diligencias pendientes "tienen por objeto comprobar si su proceder tenía por objeto beneficiar a un compañero de la Conselleria".
El juzgado investiga si los empleados públicos firmaron un informe que valoraba en casi un millón de euros el hotel en ruinas en contra del criterio de un perito que lo tasó en casi 285.000 euros para beneficiar al jefe de la inspección de Turismo, cuyos padres habían concedido un préstamo al propietario del inmueble. La defensa de los funcionarios argumentaba que de su tasación de 971.671 euros no descontaron el coste de la demolición (687.040 euros), como sí hizo el perito del que discreparon, porque sobre la edificación no se había abierto un expediente de ruina. Apeló también al caso del hotel Sayonara de Palma, otro inmueble adquirido por al Conselleria de Turismo que finalmente fue demolido sin que en su compra se considerase el coste del derribo.
Pero los magistrados de la Audiencia se adhieren a los argumentos contrarios al sobreseimiento del juez, apoyados por la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad, al entender que existen indicios claros de que los funcionarios obviaron conscientemente la ruina efectiva del edificio amparándose en la no declarada "ruina legal" y de que pudieron hacerlo para favorecer a los padres de su compañero, que habían prestado al dueño del Rocamar la misma cantidad que la administración acabó pagándole y que éste les retornó. Señalan que, además de la prevaricación, la actuación de los investigados podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias sobre el que aún se están haciendo pesquisas en el proceso, en el que también está imputado el exconseller de Turismo Jaime Martínez.
La sala de la Audiencia, que recuerda que los funcionarios se aferraron al concepto no aplicable de "ruina administrativa" emitiendo sus conclusiones sin comprobar el estado ruinoso del inmueble, apunta también que su actuación resultó muy gravosa para la administración cuyos intereses debían defender.
"Las cosas son lo que son en realidad y no lo que parece que son, y de ahí que los jueces hayan de resolver conforme a la realidad buscando la verdad material, aunque no siempre se consiga ese objetivo. Y en el supuesto de autos lo que era y parece es que el edificio del hotel Rocamar se hallaba en situación de ruina física y económica", apunta la resolución, del que es ponente el magistrado Diego Gómez-Reino, presidente de la Audiencia.
Abunda en que "la administración, a cuyos intereses servían los recurrentes, se ha visto perjudicada, y obligada, como señala el juez, a abonar dos veces el coste del derribo del Rocamar: al pagar en el precio ese valor y al tener ahora que hacer frente a su abono".
