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La Audiencia comunica a Urdangarín que tiene hasta el lunes para ingresar en prisión

miércoles 13 de junio de 2018, 12:30h

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La Audiencia Provincial de Palma ha dado cinco días a Iñaki Urdangarín para que ingrese en prisión en cumplimiento de la sentencia firme hecha pública este martes por el Tribunal Supremo, han informado fuentes de la Audiencia. La presencia de Urdangarín ante el tribunal únicamente se ha prolongado por espacio de diez minutos. El marido de la infanta Cristina tendrá hasta el próximo lunes para elegir el centro penitenciario en el que deberá cumplir la pena de 5 años y 10 meses. Durante estos cinco días, Urdangarin tendrá libertad de movimientos debido a que su ingreso es voluntario y podrá viajar a Suiza hasta el momento en que se materialice su entrada en la cárcel.

A su llegada, Urdangarin ha entrado con semblante serio y no ha querido hacer declaraciones a medios de comunicación presentes. Además del centenar de periodistas, entre cámaras y redactores, también le han recibido una veintena de curiosos que le han gritado "chorizo". También se han podido escuchar proclamas como "los Borbones a los tiburones" y "Borbón a prisión".

En unos siete pasos, el marido de la Infanta se ha introducido en la Audiencia donde le esperaban las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá, las juezas que dictaron la primera sentencia condenatoria que ahora el Supremo ha ratificado, habiendo hecho unas ligeras modificaciones. Ahí, le han dado la orden de ingreso en prisión que le obliga a personarse ante una cárcel a su elección.

La cita se produce después de que el Tribunal Supremo haya confirmado sus sentencias realizando algunos ajustes técnicos: Urdangarin ha resultado condenado por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

El tribunal solo admite uno de los puntos de su recurso contra la sentencia de la Audiencia de Palma y le absuelve de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario al entender que no ha quedado probada su intervención.

En cuanto a la infanta Cristina, el Supremo minora la cuantía que la Audiencia de Palma consideró que debía pagar como responsable civil a título lucrativo: de 265.088 euros a 136.950 euros.

El alto tribunal entiende que no debe responder como partícipe a título lucrativo por delitos fiscales, pero sí por malversación y fraude, que son los otros dos por los que fue condenada a pagar responsabilidad civil y que el Supremo mantiene.

Urdangarin podría dilatar su ingreso en la cárcel si recurre al Constitucional y consigue que la Audiencia de Palma espere a que ese tribunal decida si admite o no el recurso antes de ejecutar la sentencia.

Sin embargo, aunque lo admitiera a trámite, es poco probable que el TC suspenda el ingreso en prisión dada la envergadura de la condena. Solo lo hace cuando la pena es inferior a los cinco años,y no es el caso. Para el cálculo, tomará de referencia el total de la condena (5 años y 10 meses) y no que se trata de la suma de varias penas menores.

Algo similar sucederá con Diego Torres en cuanto al ingreso en prisión. Y por lo que respecta a Matas, esta es la tercera condena firme para el expresidente balear, que ya pasó por la cárcel a causa del sumario Palma Arena. También resulta poco probable, en principio, que la Audiencia de Palma no le envíe a prisión en una fecha no muy lejana.

Respecto a otros puntos de la condena, Urdangarin deberá pagar en total algo más de un millón de euros si se suman las multas y las indemnizaciones a las que resulta condenado.

LA SENTENCIA

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Del Moral, avala uno de los principales argumentos en los que la Audiencia de Palma fundamentó la condena y, así, reprocha a Urdangarin que utilizara el "trampolín de su privilegiada posición" para lograr el "sometimiento" del expresidente balear Jaume Matas a sus intereses.

"Está acreditado", dice el Supremo, que el acusado "a través de su amistad" con Diego Torres y el ex director general de Deportes del Govern balear, José Luis Ballester, y dada "la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien entonces era Jefe del Estado, consiguió mover la voluntad" del presidente balear Jaume Matas para obtener contratos. Por lo tanto, cometió tráfico de influencias.

Además, señala que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídosmediante la comisión de un delito de malversación, que cuantifica en 450.000 euros.

Estos fondos fueron pagados a Nóos "pese a no haberse producido" la contraprestación o, en otras palabras, pese a que "los servicios que correspondían a esos pagos no se habían llevado a cabo". Urdangarin, de este modo, fue inductor y cooperador necesario de esta malversación.

Además, para ocultar los fondos o para poner en práctica sus planes, cometió delitos de fraude y contra la Hacienda Pública, dice la sentencia. Las empresas que negociaron con Nóos no pagaron a Hacienda a causa de "la información falsa y falaz" que les suministró Urdangarin.

A la infanta Cristina le aplica el mismo criterio que a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, al entender que las mujeres no pudieron beneficiarse de un incremento patrimonial de sus maridos porque, a criterio del tribunal, no pagar a Hacienda no supone un enriquecimiento.

Se da la circunstancia de que la infanta no recurrió la sentencia, pero se beneficia del recurso que presentó Tejeiro.

Por otra parte, la Sala ratifica las condenas de prisión de los cuatro acusados de la "rama balear", aunque recuerda que se puede sustituir por multa.

Confirma el tribunal las absoluciones de otros diez acusados, entre ellos las de la infanta Cristina y la esposa de Diego Torres respecto al delito de colaborar en los delitos fiscales de sus maridos, y las de los acusados de la "rama valenciana".

ENTRADA EN PRISIÓN

Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, esperará a que Iñaki Urdangarin se persone en el plazo de cinco días en una cárcel a su elección y, posteriormente, decidirá si cumple condena en este centro o es trasladado a otro de acuerdo a los criterios organizativos de Instituciones Penitenciarias.

El Reglamento Penitenciario establece en su artículo 15 la posibilidad de que una persona se presente voluntariamente en un centro penitenciario. La ley otorga a Instituciones Penitenciarias la capacidad de decidir sobre el traslado de presos y también sobre la clasificación penitenciaria, por lo que el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska puede decidir sobre la vida en prisión de Urdangarin o la aplicación de un tercer grado en el momento que corresponda.

El ingreso de una persona en prisión, en calidad de detenida, presa o -como es el caso de Urdangarin-- penada se puede efectuar mediante orden judicial de detención; mandamiento de prisión; sentencia firme de la autoridad judicial competente; detención por orden de la policía judicial, detención acordada por el Ministerio Fiscal o por presentación voluntaria.

Fuentes penitenciarias se remiten a lo que decida Urdangarin, que tiene fijada su residencia en Ginebra, y el resto de condenados de acuerdo al artículo 16.3, que regula los ingresos voluntarios. En estos casos, "el director del centro recabará del juez o tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena".

DECISIÓN DE GRANDE-MARLASKA

Urdangarin y el resto de condenados por el caso Nóos deberán ser clasificados como internos a propuesta de la Junta de Tratamiento, que tiene un plazo máximo de dos meses. Al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se encuentra Ángel Yuste, nombrado a propuesta del Gobierno del PP.

El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciará en los próximos días quién ocupa este cargo y el resto dentro del organigrama de su Departamento, uno de los más sensibles para el Estado.

Sobre la mesa del nuevo equipo en Interior esperan decisiones que afectan a otros internos como los exlíderes del 'procés' catalán encarcelados provisionalmente y procesados por el Tribunal Supremo, y que reclaman ser trasladados a Cataluña, una región que tiene transferidas las competencias en prisiones.



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