La consellera portavoz del Govern, Pilar Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo y a preguntas de los periodistas, aseguró que la Abogacía de la Comunidad Autónoma -que además depende del departamento de Presidencia del que ella es titular- actuará en el caso de los contratos de Més como en todos los casos de esta índole en los que la Abogacía se ha personado anteriormente. Sin embargo, trató de restarle importancia recordando que en este momento la Fiscalía ha abierto diligencias informativas previas y que es preciso no adelantar acontecimientos.
En efecto, en muchas otras ocasiones donde ha habido sospechas de fraccionamiento de contratos o contratos poco justificados por una necesidad constatable, o el trabajo fue poco satisfactorio e incluso no se hizo, la Abogacía de la CAIB se personó en la causa a fin de asegurar los derechos del Govern como parte perjudicada. En este caso no puede ser diferente y si finalmente Anticorrupción acabara por presentar una querella, el Govern habría de actuar de forma idéntica, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Actualmente la Abogacía ejerce la acusación particular en no pocos casos similares donde llega al punto de solicitar penas de prisión para los supuestos responsables. Y aunque aún estemos lejos de ver a los letrados de la CAIB ver acusar a Jaume Garau de algún delito, no es algo que se pueda descartar absolutamente por ahora.
Hay que recordar que la Comisión de Ética del Govern consideró que en el caso de los contratos suscritos por algunas consellerias de Més con el gurú electoral de la formación, Jaume Garau, habían faltado “transparencia, objetividad, imparcialidad y ejemplaridad”, motivo por el cual la consellera Ruth Mateu se vio forzada a presentar su dimisión.
