Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, después comercializaba el material a través de otra empresa de la que era apoderado y administrador de hecho. Su esposa era la administradora formal pero no consta que tuviera conocimiento de lo que hacía su marido.
Así, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y de otro delito de falsedad documental por los que le piden seis años de cárcel y una multa diaria de 20 euros durante 12 meses.
Además, le piden una responsabilidad civil de 1,07 millones con la que deberá indemnizar a la compañía por las cantidades y efectos apropiados.