El Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, presidido por Pedro Sánchez, ha recibido un durísimo revés con el voto negativo del pleno del Congreso de los Diputados al proyecto de ley de amnistía, lo que obliga a su devolución a la Comisión de Interior, que deberá emitir un nuevo dictamen. Esta circunstancia evidencia la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incapaz de sacar adelante uno de sus compromisos de investidura si no se pliega a las exigencias, cada vez mayores y más comprometidas para los socialistas.
Junts per Catalunya tumbó la tramitación de la norma ante la negativa del PSOE a aprobar sus enmiendas de última hora, para garantizar la impunidad total y absoluta de su líder, Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia que reside en Waterloo (Bélgica). Los independentistas exigen que sean amnistiados los delitos de terrorismo. Todos. Y también el delito de alta traición, por el que se investiga a Puigdemont y a otros colaboradores del expresidente de la Generalitat, a raíz de sus reuniones y los vínculos con Rusia, acreditados según el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona en el conocido como ‘caso Voloh’.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, justificó su voto en contra para seguir negociando de forma que se mejore el texto y así lograr “una amnistía integral” y “que no deje a nadie atrás, que repare la represión que el independentismo catalán sufre desde hace muchos años”. O todos o ninguno, vino a decir, conscientes de que con el redactado actual de la futura norma legal, Carles Puigdemont, podría no salir indemne y no tiene garantizada la impunidad, que es una de sus exigencias fundamentales, si no la primera de todas, pactada con PSOE y Sumar para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez.
Las caras del propio presidente Sánchez y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, era todo un poema y revelaba la enorme crisis que se abre para el Ejecutivo, condicionado de forma notable por las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Hasta que pase aquella cita electoral autonómica, los socialistas deben evitar más cesiones humillantes que, inevitablemente, tendrán un coste electoral. De ahí que se insista en que no cederán a las presiones de Junts. Pero si no lo hacen, peligra la Legislatura, pues el Gobierno perderá su delicada y vulnerable mayoría parlamentaria que lo sustenta.
