Este contrato, valorado en 3,7 millones de euros y adjudicado a la empresa Soluciones de Gestión SL, ha sido objeto de investigación debido a presuntas irregularidades. Según las pesquisas, el contrato se ejecutó antes de su formalización, lo que contraviene la normativa vigente. Además, no se encontraron documentos que acrediten los contactos previos ni los términos del acuerdo entre las partes.
El expediente fue inicialmente investigado por la Fiscalía Europea al haberse financiado con fondos comunitarios. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que la competencia para investigar este contrato corresponde a la Audiencia Nacional, motivo por el cual la Fiscalía Europea remitió la documentación al juzgado de Ismael Moreno en febrero de este año.
CORREOS DEL IB-SALUT
En el marco de la investigación, el juez ordenó a la UCO que investigase los correos electrónicos corporativos de Antonio Mascaró Crespí, quien fuera subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut). Mascaró firmó en 2020 un informe que acreditaba la recepción satisfactoria de las mascarillas, algo que resultó falso, pues el material recibido no era de la calidad requerida, sino mascarillas quirúrgicas, que además, fueron almacenadas y caducaron.
El IB-Salut reclamó a Soluciones de Gestión la devolución de 2,6 millones de euros, sin éxito. Y no fue hasta el último día del Govern Armengol, el 6 de julio de 2023, antes de dejar el poder tras perder las elecciones autonómicas, que se formalizó esa reclamación de forma oficial, con una propuesta de resolución del contrato de emergencia con la empresa Soluciones de Gestión. Armengol tardó, de este modo, más de tres años en reclamar a la empresa recomendada por Koldo García, asesor y asistente del entonces ministro, José Luís Ábalos.
Las investigaciones judiciales se extienden a contratos de compra de material sanitario similares en otras comunidades autónomas, como Canarias.
En octubre de 2024, el magistrado instructor rechazó tomar declaración a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, así como a la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, al considerar que "no se dispone de un mínimo soporte probatorio" que permita justificar su imputación como partícipe de los hechos objeto de investigación.
Cabe recordar que las pesquisas de la Audiencia Nacional están declaradas secretas y que el Govern de les Illes Balears está personado en la causa.
