MARC GONZÁLEZ. La sentencia del caso "Kabul" ha creado la lógica alarma social, y con razón. Pero no hay que desenfocar, como algunos estamentos pretenden, el análisis del caso. El tribunal no ha absuelto a la Paca y a sus compinches por una supuesta tolerancia de los jueces hacia los gravísimos delitos que se enjuiciaban y que pocas dudas hay de que se cometieran, sino por algo mucho más simple y que cualquier chaval entiende: Hay que jugar limpio, incluso con aquellos que no lo harán jamás.
Ya puede la Guardia Civil lamentar que no se haya condenado a toda esta tropa de delincuentes, pero la culpa no es del juez, sino de haber utilizado espuriamente los instrumentos a su alcance para acreditar la comisión de los delitos.
Para el común de la gente, todo esto son chorradas, soy consciente de ello, pero basta ponerse en la situación de cualquier persona investigada para que inmediatamente cambie la percepción. El garantismo no es una lacra del estado de derecho, sino una de sus bendiciones.
No se puede, por mucho que se trate de la Paca, hacer un seguimiento permanente de alguien para ver cuándo comete un delito. La investigación en sí requiere, para ser autorizada por el juez de instrucción, que se dé una proporcionalidad entre la vulneración de un derecho fundamental que se pretende -violar el secreto de las comunicaciones- y los indicios que se manejen de la existencia de un delito. En demasiadas ocasiones, los atestados relacionados con los delitos contra la salud pública -el tráfico de drogas, vaya- se inician con una fórmula del tipo "por confidencias, se ha tenido conocimiento de..." que, en realidad, lo que encubre es que no se puede revelar al juez cómo se ha sabido tal circunstancia, porque automáticamente toda la causa devendría nula, como ha ocurrido en el presente caso. Ni el uso de confidentes -vomitivo mecanismo de dudosa constitucionalidad-, ni las denuncias anónimas, ni los seguimientos indiscriminados mediante recursos como el sistema SITEL son, a mi juicio, juego limpio.
Esto lo saben de sobras la policía, la Guardia Civil, la fiscalía y los jueces de instrucción, por lo que no se comprende cómo se continuó con una investigación viciada desde el inicio como, por otra parte, sostuvieron desde un primer momento la totalidad de los abogados defensores.
En nuestro pintoresco estado, si un político o un funcionario otorga un contrato, pongamos de 3000 euros, sin causa, es perseguido por la justicia -con toda la razón- y acusado de malversación de caudales públicos, pero, curiosamente, si el funcionario es un miembro de las fuerzas de seguridad o un fiscal que lo que hacen es sostener una acusación con base en unas pruebas obtenidas ilícitamente y eso provoca echar cientos de miles de euros de los contribuyentes por el retrete, entonces es que el juez es "ultragarantista" y se menea la opinión pública para que apunte a otros.
Naturalmente, no soy tan lelo de pensar que la fiscalía -que es la que dirige la acusación- se vaya a responsabilizar a sí misma de haber malgastado ingentes sumas de dinero público para nada, con lo que mi reflexión sin duda acabará en el mismo sitio que su dinero y el mío.
Pero el juego subterráneo no abarca sólo la lucha contra la droga, sino que ayer mismo este diario revelaba un hecho a todas luces insólito: Durante un registro a una persona investigada, un miembro de la fiscalía halla unos documentos relativos a la estrategia de defensa legal de esa persona y, en lugar de devolverlos inmediatamente a su propietaria, ¡se pone a leer!, es decir, está interceptando algo tan sagrado como la comunicación de un acusado con su letrado.
No me quiero ni imaginar lo que diría la opinión pública si ese hecho supusiera la nulidad del proceso.
