Massot vuelve al banquillo para el juicio de la pieza 78 del caso Andratx

Massot, sobre quien pesan ya varias condenas en las más de veinte piezas juzgadas del caso Andratx, está acusado junto a la antigua arquitecta del consistorio Isabel Seguí. El juicio está programado para el lunes y el martes.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 3 años de prisión, multas de 18.000 euros y once años de inhabilitación para cargos en la administración local por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación continuada.

El escrito de la acusación pública señala que Seguí, siendo "jefa accidental del área de Urbanismo" de Andratx, en enero de 2004 certificó la condición de suelo urbano de una parcela que en realidad era suelo rústico protegido, lo que permitió que una empresa promotora obtuviera licencias para construir 11 edificios de viviendas con piscinas.

La Fiscalía recuerda que el carácter rural y protegido de los terrenos ha sido ratificado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, que ha anulado las licencias derivadas del certificado fraudulento de la arquitecta municipal.

Massot está considerado inductor de esta conducta presuntamente delictiva porque convenció a la empleada del Ayuntamiento para emitir la certificación desde su posición de asesor del consistorio, aunque formalmente no ejercía esa función sino que estaba al frente de la Dirección General de Ordenación Territorial.

Recuerda la Fiscalía que el antiguo alto cargo del Govern ya ha sido condenado por hechos similares. De hecho, ha admitido su culpa en varios de los juicios en su contra celebrados desde que en mayo de 2008 tuvo lugar la primera vista por esta macrocausa.

La acusación pública puntualiza en su escrito que como Massot ya tiene condenas firmes anteriores por conductas iguales a la de esta pieza 78 se le debe aplicar la continuidad delictiva en los delitos de prevaricación urbanística y que las penas por ellos no sumen más de 2 años de prisión, el máximo previsto, y en los delitos de falsedad por funcionarios para que acumulados no rebasen los 6 años de cárcel.

Por otro lado, la Fiscalía plantea una petición alternativa por si el tribunal entendiese que Seguí no certificó el carácter urbano del suelo de forma dolosa, es decir, que no tenía pleno conocimiento de que faltaba a la verdad y dio su visto bueno sin hacer las comprobaciones preceptivas.

En ese caso el ministerio público solicita al tribunal de la sección primera de la Audiencia sendas penas 6.000 euros y un año de inhabilitación por falsedad.