En estos últimos tiempos se están reactivando dos polémicas que vienen ya de largo y que han ido apagándose y reapareciendo con cierta frecuencia, pero que ahora parecen estar recobrando mucho empuje: la de la restricción de la compra de propiedades por ciudadanos extranjeros, incluidos los de la UE, y la de la superpoblación de las islas y la posibilidad de establecer una especie de “numerus clausus” en la cantidad simultánea aceptable de visitantes.
Es indudable que ambos temas tienen una enorme repercusión en la vida de los residentes y que, en estos momentos, es muy negativa. El número desproporcionado de turistas, visitantes y pasavolantes en los meses altos de la temporada turística convierte nuestras playas, carreteras, lugares emblemáticos y pueblos y ciudades, en especial Palma, en zonas inhóspitas por sobrecarga. Por las calles de Ciutat has de ir abriéndote paso a codazos, los mercados están llenos de mirones que no permiten hacer la compra con tranquilidad, a la par que en los propios mercados cada vez hay más espacio dedicado a la restauración y tapas y menos a la venta de alimentos. Las playas están abarrotadas, incluso las calas “solitarias” a las que solo se accede a pie después de caminar diez, quince, o veinte minutos. Ni qué decir de bares y restaurantes. Las carreteras están saturadas de autocares y otros vehículos de transporte y de automóviles conducidos por extranjeros, propios o de alquiler, que no conocen nuestra red viaria, que hacen maniobras impropias y peligrosas, que no vacilan en detenerse en cualquier lugar o en invadir fincas privadas y que suponen un serio peligro para el tráfico. Y en invierno los ciclistas se dedican a circular en pelotones dynamicos por todas nuestras carreteras secundarias y caminos rurales, sobre todo en el Pla, provocando graves inconvenientes a los desplazamientos de los residentes.
Esta invasión repercute también en el consumo excesivo de recursos naturales, como el agua, y energéticos y en la necesidad de importar bienes y servicios de todo tipo, especialmente grave en el caso de los alimentos, que encarecen aun más el coste de la vida y empeora la circulación con la presencia continua de camiones, algunos de gran tonelaje, por las carreteras.
Con todo ello nuestras islas paradisíacas se transforman en lugares invivibles, donde todo está al servicio del solaz y divertimento de los visitantes, a costa de la calidad de vida de los indígenas.
Esta oleada permanente de invasores repercute de modo dramático en la disponibilidad y precio de la vivienda, tanto de venta como, sobre todo, de alquiler, lo que dificulta el acceso a la misma de los profesionales nuevos residentes y la emancipación de los jóvenes. La presión compradora de extranjeros con mayor poder adquisitivo que nosotros convierte en prohibitivo el coste de adquisición de habitáculos para los jóvenes, y no tan jóvenes. Baste como ejemplo el desaforado nivel de precios impuesto en los últimos años en Santa Catalina y Son Espanyolet por la demanda de ciudadanos suecos, que han comprado todo lo disponible a precios muy elevados, a veces disparatados.
Lo mismo pasa con los alquileres, a precios disparados por la demanda extranjera y por el fenómeno del alquiler turístico, que ha supuesto una tremenda distorsión del mercado inmobiliario, limitando la disponibilidad de viviendas para alquiler de larga duración, ya escasa de por sí, y provocando un aumento generalizado que llega a límites demenciales en zonas como Eivissa.
Existen ejemplos en la Unión Europea con restricción o prohibición de adquisición de viviendas a no residentes, como las islas Aaland en Finlandia, Malta, Dinamarca, o bajo ciertas condiciones Croacia y hay una sentencia del Tribunal de la UE que admita dicha posibilidad si se dan determinadas circunstancias y justificaciones. Quizás el gobierno español, porque ha de ser él, debería considerar la posibilidad de introducir restricciones en las Baleares. En pocos territorios estará tan justificado como en unas islas pequeñas sometidas a una presión demográfica brutal como las nuestras.
La limitación del número de visitantes es un tema más complejo y difícil. No parece practicable, ni posible legalmente, limitarlo por ley. La solución que parecería más viable sería una disminución controlada y sostenida durante años de la oferta turística, tema peliagudo, pero que más pronto que tarde deberá ser abordado por nuestras dilectas autoridades.
