Baleares sumará diez menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias a los 306 que ya hay en los centros del IMAS, según el último reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, llevada a cabo en Tenerife, para aliviar la saturación que sufren actualmente los centros del archipiélago canario. Como contraprestación por la llegada de estos niños y adolescentes -popularmente conocidos como menas-, Madrid transferirá a Baleares 529.000 euros.
Esta aportación económica resulta insuficiente, pero sobre todo no compensa una realidad que va más allá de las cifras -los diez jóvenes representan un dato ciertamente muy reducido- y que se evidencia en la sobrecarga extrema y la falta de capacidad de los centros de acogida en Baleares para gestionar esta situación humanitaria. Actualmente, Baleares ya acoge a los citados 306 menores extranjeros no acompañados, lo que supone una sobreocupación del 650 por ciento por encima de su capacidad.
El dato evidencia que los recursos disponibles son escasos y que las instalaciones están al borde del colapso. La llegada de nuevos menores, sin un incremento proporcional en los recursos, sólo agravará esta situación, poniendo en riesgo la calidad de atención y el bienestar de estos jóvenes en situación de vulnerabilidad. No se trata sólo de ofrecer techo y comida, sino de proporcionar un entorno seguro y adecuado tanto para los jóvenes como para el conjunto de la comunidad que les acoge.
No se trata solo de ofrecer techo y comida, sino de proporcionar un entorno seguro y adecuado tanto para los jóvenes como para el conjunto de la comunidad que les acoge
En esta consideración particular de Baleares, tampoco hay que olvidar que el archiélago ya se halla en la ruta de la inmigración ilegal, tal y como lo subraya la llegada diaria de pateras a las costas baleares, obligando a adoptar un enfoque estructural y a largo plazo, en lugar de medidas temporales e insuficientes.
Si se quieren evitar tensiones, el planteamiento del problema debería basarse siempre en el diálogo y consenso con las autoridades locales, sin imposiciones desde Madrid y con la garantía de que desde el Gobierno central se aportarán los recursos necesarios. Así se contribuirá a lograr una respuesta conjunta y solidaria a una crisis humanitaria en la que la mayoría de comunidades -sólo Cataluña se ha desmarcado y no aceptará traslados- están trabajando para hallar soluciones justas.
