La Delegación del Gobierno en Baleares ha instado al Ayuntamiento de Sant Antoni a anular la contratación del nuevo cargo de directora de Seguridad, desempeñado por María Ángeles Gallardo.
Un portavoz de la delegación ha explicado hoy que los servicios jurídicos consideran que la contratación no se ajusta a la ley, debido a que supone un incremento del gasto público y la creación de una nueva plaza eventual, impedidos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Esta decisión llega después de que la delegación pidiera al consistorio más información sobre este contrato, debido a que contaba con un informe negativo del interventor municipal.
Ahora, el ayuntamiento debe decidir si acepta el requerimiento o lo rechaza.
En caso de no cumplirlo, el próximo paso será un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo, ha informado la delegación.
