La Policía Nacional continúa deshaciendo la madeja de las presuntas irregularidades en el Caso Cursach cometidas por el juez Penalva, el exfiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y los antiguos miembros de Blanqueo. Después de las declaraciones de dos testigos claves en la causa -el 29 y la Madame- y la de uno de los policías nacionales que participaron en la investigación, el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears se prepara para la declaración de Francisco Fernández Cortés, 'El Ico', el próximo 16 de noviembre. Lo hará en calidad de investigado.
Su papel en la causa fue determinante para que un grupo de agentes de la Patrulla Verde y la UII, así como algunos funcionarios de Palma, fuesen imputados, detenidos y que algunos incluso entrasen en prisión por su vinculación con la supuesta trama corrupta.
Ahora, los inspectores de Policía conocidos como ‘los Juanes’ entregan al TSJIB un informe de 137 folios -y dos anexos- que pivota en torno a las mentiras del hijo de la Paca y otros dos testigos protegidos.
Cabe recordar que El Ico cuenta con un rosario de detenciones, imputaciones y que actualmente cumple pena de prisión por un asunto de tráfico de drogas, lo que hace concluir a los investigadores que se subió al carro de Penalva y Subirán "a cambio de promesas de ayuda procesal y de salir en libertad”.
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POLICÍAS LOCALES ENCARCELADOS POR UNAS DECLARACIONES MÁS QUE DUDOSAS PERO MUY VALIOSAS PARA EL RELATO DE PENALVA Y SUBIRÁN
11 de mayo de 2015: el Ico declara voluntariamente “al verse reflejado como perjudicado en las noticias que viene publicándose en la prensa local y que instruye el Juzgado 12” (el de Penalva).
Su via crucis, sostiene, comienza cuando adquiere un local de Gomila (Cavalli) y los policías se lo cierran “por ser quien era” (el informe subraya que la clausura ya estaba fijada previamente por exceso de ruidos debido a fallos del aislamiento). El Ico relata que no se achanta y que “a pesar de la competencia de Cursach” se hace con otro local: el 'Metropoli'.
El hijo de la Paca defiende que los policías locales emprendieron contra él una campaña de acoso a base de inspecciones y que para librarse de ellas debía pagar 500 euros. Sin embargo, los inspectores dudan de la veracidad de lo declarado recordando que tanto El Ico como su familia ya habían grabado y denunciado extorsiones de un policía nacional en otro asunto -¿por qué no ahora?- y subrayan que las inspecciones se realizaron tras denuncias vecinales por ruidos.
Tras esta primera declaración vendrían otras ya en sede judicial. Ante Penalva y Subirán, El Ico iría reproduciendo la misma estrategia que otros testigos protegidos: subirse a las tesis prefijadas por los instructores para apuntalar su relato de los hechos. Primero el objetivo, después el camino.
El momento cumbre lo protagonizó con los careos ante un grupo de policías locales. En ellos, El Ico confunde datos y aporta nuevos hechos delictivos "que parece imposible que hubiera pasado por alto en sus anteriores declaraciones".
Según el informe, Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo habrían indicado a el Ico "que denunciara todo lo que pudiera a los tres policías locales a cambio de conseguir su libertad". Además, resaltan que se le ve "descontrolado y nervioso" , hasta el punto de que cuando habla más de la cuenta, la funcionaria de Justicia y la inspectora de Blanqueo "intentan que se calle".
El informe concluye que lo ocurrido con El Ico "fue algo parecido al caso de la ORA. Los investigados contaron con una serie de testigos (El Ico y el testigo Protegido 16 y 26 y empresarios de la noche multi-infractores) a los que se les indicó que los funcionarios que los inspeccionaban cobraban mordidas y se quedaban con sus locales, lo que conllevó a nuevas declaraciones incriminatorias”.
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