Infamia en la Universidad

El escándalo de la detención de dos catedráticos de la UIB junto a otras personas por la posible venta ilegal de un pretendido medicamento no autorizado, supuestamente efectivo para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, supone un golpe muy duro para el prestigio de nuestra universidad.

La venta de falsos remedios para enfermedades incurables, aprovechándose del desespero de los afectados y sus familiares para lucrarse indecentemente, es un acto ignominioso, que se suele asociar a personajes sin escrúpulos, algunos, por desgracia, profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos, actuando al margen de la ética, la decencia y la humanidad, pero si los facinerosos son profesores universitarios, que se aprovechan del prestigio y credibilidad adicionales que les confiere tal condición, el hecho es especialmente inicuo y abyecto.

La investigación policíaca y judicial delimitará la exacta naturaleza de los posibles delitos, así como las responsabilidades de cada cual, pero no parece haber demasiadas dudas acerca de los actos investigados y el daño a la universidad ya se ha producido. Por lo que se viene publicando en los medios de comunicación, se trataría de una auténtica trama que vehiculizaría la actividad presuntamente delictiva a través de una empresa ubicada en Budapest y un banco coreano. Al parecer, estarían incluso empezando a promocionar otro pretendido medicamento, en este caso para el supuesto tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

La UIB y el propio rector han declarado desconocer los hechos y han reaccionado suspendiendo de docencia a los catedráticos implicados, pero la reacción parece demasiado tibia. En la universidad hacía tiempo que se comentaba la posibilidad de que estuvieran ocurriendo cosas similares a las que han salido a la luz y también de conductas poco ortodoxas de ambos profesores en sus actividades docentes.

Parecería que la junta de gobierno y el rector de la UIB no habrían actuado con la debida diligencia y habrían ignorado o desoído comentarios internos que suponían conductas graves y no habrían tomado ninguna medida para investigarlas y esclarecerlas.

Además de la investigación policial y judicial, la UIB debería iniciar una investigación interna destinada a la aclaración de los hechos en lo que compete al ámbito universitario, que parece lógico que debería incluir un expediente disciplinario y la suspensión de empleo y sueldo de los dos profesores. De ser ciertas las informaciones que proceden del ámbito interno de la universidad, la suspensión de docencia de ambos se debería haber producido hace años.

En la completa explicación y elucidación de los hechos se juega la UIB una buena parte de su prestigio y de sus posibilidades de conseguir financiación y mecenazgo para sus proyectos de investigación. Y los ciudadanos nos jugamos perder uno de los pocos referentes éticos que nos quedaban. Cuando la credibilidad de los políticos, de la banca, de la administración, de la justicia e incluso de la prensa ha caído en picado, al menos nos quedaba la universidad, si también la perdemos estaremos muy solos, desolados, desamparados.