Formaciones independentistas, nacionalistas y Más País-Equo han iniciado contactos para presentar en el Congreso una solicitud de comisión de investigación sobre el denominado 'caso Kitchen', las supuestas maniobras del Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy para hacerse con pruebas del extesorero Luis Barcenas y dificultar las actuaciones judiciales contra el PP, todo ello sufragado con fondos públicos.
Así lo ha anunciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que parte de los partidos que han venido pidiendo una comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos: ERC, Junts, PNV, Bildu, Más País-Equo, Compromís, BNG y CUP.
Y a partir de ahí, hablarán con los partidos que apoyan al Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, con idea de que la petición sea lo más transversal posible y pueda salir adelante.
A su juicio, las informaciones sobre este caso y los mensajes del que fuera secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, explican por si solos la necesidad de esta comisión de investigación.
LEVANTADO EL SECRETO DE SUMARIO
Este lunes, el juez del 'caso Villarejo', Manuel García-Castellón, ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza 7, en la que se investiga la operación de espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, orquestada presuntamente por "órganos superiores de la Administración General del Estado". Tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha salido a la luz el auto del juez García-Castellón sobre este "operativo parapolicial".
En el conocido como 'caso Villarejo' se enmarca la pieza 7, sobre la 'Operación Kitchen', que investiga el espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Este lunes, el juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón ha decretado el levantamiento del secreto de sumario.
En su auto, el juez considera que el espionaje a Bárcenas fue un "operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, cuyo objetivo sería obtener información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP".
El juez atribuye a "órganos superiores del Estado" la operación, cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la presente causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la UCAO, y José Manuel Villarejo. La operación consistió supuestamente en la captación como "colaborador-informante del Cuerpo Nacional de Policía" de Sergio Javier Rios Esgueva, el entonces chófer del matrimonio.
OBTENER INFORMACIÓN
A través de este colaborador, "en cuanto persona de máxima confianza del matrimonio", se pretendía obtener "información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial".
Según se conoció el pasado mes de febrero, el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó medio millón de euros de los fondos reservados para proteger al PP por el caso de corrupción de su caja B. El Ministerio de Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, destinó 500.000 euros públicos entre 2013 y 2015 a la conocida como 'Operación Kitchen'.
El entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez se encuentra imputado en la causa judicial, porque fue quien autorizó dedicar esos fondos a la operación, y también han sido imputados dos altos mandos policiales, Eugenio Pino y Enrique García Castaño.
El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez García- Castellón que citase como investigados a Fernández Díaz, a la ex secretaria del partido, María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Según las últimas informaciones, los indicios en torno a Fernández Díaz habrían quedado ratificados tras la incautación del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad.