El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, ha señalado en calidad de imputado ante la jueza Carmen González que entre él, el ex celador de obras del Consistorio mallorquín, Jaume Gibert, y el ex jefe de Urbanismo Jaume Massot se repartieron 600.000 euros en beneficios por la venta, a través de la sociedad Sandborg -de la que los tres eran socios al 33 por ciento-, de varias viviendas ubicadas en el Port d'Andratx que el ex primer edil permitió construir al votar a favor de su licencia. Así lo ha puesto de manifiesto al ser interrogado por la titular del Juzgado de Instrucción número 12 y el fiscal Juan Carrau, quienes le han inquirido acerca de un presunto entramado societario que en el que estos encausados figurarían como socios y receptores de dinero y participaciones, y dentro del cual también estarían involucrados los arquitectos Miguel Arenas y Maribel Seguí. Todos ellos han prestado declaración como imputados en el marco de la pieza 73 de la causa, relacionada con un delito de negociaciones prohibidas. En concreto, las pesquisas de este fleco apuntan a que tanto Hidalgo como Gibert se asociaron con estos inculpados a fin de adjudicarse licencias y dar curso a sus propias promociones inmobiliarias. Se da la circunstancia de que el pasado 13 de enero, día en que fue citado Hidalgo por primera vez dentro de esta pieza, el ex alcalde llegó a salir del centro penitenciario de Palma -donde cumple condena por otros dos flecos ya juzgados del procedimiento-, para acudir a los Juzgados de Vía Alemania donde iba a ser interrogado. Una vez allí el encausado, que inicialmente fue defendido por Rafael Perera, comunicó su renuncia a los abogados que hasta entonces le representaban, Manuel Murillo y José Manuel Arroyo, para pasar a ser asistido por el letrado Gaspar Oliver. Cabe recordar que Hidalgo se encuentra de forma paralela acusado en otro caso por haber ordenado el cierre presuntamente irregular del parking de la actual primera edil de Andratx Isabel Alemany (UM), unos hechos por los que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el inculpado mientras que la acusación particular, ejercida en representación de la también vicepresidenta primera del Parlamento balear, pide un total de tres.
