Hay que sancionar a los responsables de las obras ilegales en Son Banya

El Ayuntamiento de Palma procedió a demoler seis puntos de venta de droga y reducir a escombros la pista de hormigón creada junto al poblado de Son Banya. El alcalde Jaime Martínez aseguró el día 3 de marzo pasado que, si de él dependiera, hubiera mandado las excavadoras a Son Banya al día siguiente de conocerse los hechos que causaron gran impacto e indignación. Pues bien, transcurridos 35 días, el primer edil cumplió con su palabra y ya no queda resto de aquella ilegalidad flagrante que suponía todo un desafío a las autoridades.

El operativo puesto en marcha por Cort y que contó con la colaboración de una cincuentena de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, permitió desmantelar las infraestructuras utilizadas para actividades ilícitas como el menudeo de drogas.

Derruir las construcciones ilegales es importante, pero no es suficiente. Es necesario identificar y sancionar a los responsables de estas obras

Sin embargo, esta contundente acción, aunque muy necesaria, aborda sólo una parte del problema. Derruir las construcciones ilegales es importante, pero no es suficiente. Es necesario identificar y sancionar a los responsables de estas obras. El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha señalado que el Ayuntamiento hace "lo posible" para identificar a los autores de las obras irregulares en Son Banya, aunque reconoce las dificultades inherentes debido a la naturaleza clandestina de estas actividades. ​

Pero es crucial investigar a las empresas constructoras que llevaron a cabo estos trabajos. Determinar quién financió estas construcciones y el origen de los fondos utilizados es fundamental para desmantelar las redes de narcotráfico del poblado chabolista. La investigación policial y de Urbanismo está siguiendo el rastro de algunos camiones hormigonera para llegar a los constructores que realizaron las obras ilegales.

La impunidad en Son Banya no debe ser tolerada. Las demoliciones son un mensaje claro de que las autoridades están tomando medidas, pero sin una acción judicial o administrativa efectiva contra los responsables y sin una investigación exhaustiva sobre las empresas involucradas, puede suceder que nadie pague el precio de incumplir la Ley.​

Es esencial que las autoridades municipales trabajen en estrecha colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los tribunales para garantizar que se tomen las medidas legales correspondientes contra quienes infringen la Ley. Además de la demolición de estructuras ilegales, es preciso proceder a la identificación y sanción de los responsables.

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