"Es una sentencia que hace política de vivienda, y no tendría que ser así. Los tribunales no tienen que ser legisladores", ha manifestado la gerente de la asociación de viviendas de alquiler turístico de Baleares, Maria Gibert.
En este sentido, ha defendido que la administración "se ha aprovechado de la gran cantidad de recursos que tienen". En cambio, Habtur no recurrió porque, según Gibert, "era un coste que no podíamos asumir, no porque hayamos dejado de creer que el Ayuntamiento de Palma está equivocado".
"LA SENTENCIA NO ENTRA EN EL FONDO DE LA CUESTIÓN"
Bajo su punto de vista, la sentencia del Supremo "no entra en el fondo de la cuestión, no interpreta la sentencia del TSJIB e, incluso, dice que ésta es correcta", por lo que, en su opinión, esta situación resulta "surrealista". Gibert ha señalado que el fallo crea "un muy mal precedente" para el sector en todo el Estado.
Según ha explicado la gerente de Habtur, desde el inicio de todo el proceso judicial la entidad advirtió de que Cort "partía de una premisa falsa: que la prohibición del alquiler turístico solucionaría los problemas de vivienda, y, en ningún caso, se ha solucionado el problema, sino que los precios de alquiler han seguido subiendo".
Finalmente, Habtur ha sostenido que los derechos de los ciudadanos se tendrían que garantizar también para aquellos que querían acogerse a la modalidad de alquiler turístico, siempre que no causen molestias a los vecinos.
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