Hace más de 20 años que diferentes entidades de la sociedad civil en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales luchamos contra la discriminación lingüística. Lamentablemente el mismo problema que tenemos en Baleares donde, por ejemplo, se prohíbe escolarizar a los niños en la lengua oficial del Estado en el sistema público de enseñanza, se sufre en todas las Autonomías con régimen de cooficialidad lingüística.
La discriminación se intensifica en el ámbito público pero ya afecta también al privado, y, sobre todo, al importantísimo sector educativo. Estamos ante un problema nacional cuando alrededor de 16 millones de españoles ven restringidos sus derechos lingüísticos.
Por ello, los integrantes de la sociedad civil que defendemos la libertad lingüística, hemos creado una Plataforma desde la que aunar esfuerzos y reclamar nuestros derechos ante el progresivo empeoramiento de falta de libertad de lengua para los hispanohablantes en Cataluña y Baleares, donde la inmersión en catalán ha excluido el español de la enseñanza, además de sustituir el mallorquín, menorquín e ibicenco en las respectivas islas; en la Comunidad Vasca, donde se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua; en Galicia y Valencia, donde se aprueban normas que eliminan el español de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como “trilingüismo” o “plurilingüismo”; y en Navarra donde sustituye de forma progresiva la educación en español por la enseñanza en vascuence.
Estamos viendo cómo se propone, incluso, que sea garantizado el uso del catalán, vascuence, y gallego en lugares de España donde estas lenguas no son oficiales, mientras siguen sin restablecerse los derechos que nos han quitado a los hispanohablantes. Por otra parte, tanto el discurso sobre una pretendida plurinacionalidad de España, como los pactos que se plantean para blindar la imposición de lengua a cambio de una hipotética paz con el separatismo, o las propuestas de cambios en la Constitución, suponen una nueva amenaza para los derechos de los hispanohablantes.
Ha sido la gravedad de esta situación, la que nos ha decidido a pasar a la acción de forma conjunta: Hemos elaborado una propuesta de ley nacional que garantice nuestros derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales, y la llevaremos al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Lo haremos bajo el paraguas de una nueva entidad: “Hablamos Español”, que informará y llamará a la sociedad española a participar.
La ley que hemos elaborado se basa en el principio de elección lingüística, y es por ello homologable a las que se aplican en los países europeos en los que existen dos o más lenguas oficiales en un territorio. Esta la única manera de que se respete la igualdad de derechos. No queremos quitarle derechos a nadie, pero tampoco queremos que se pisoteen los nuestros.
