El juez de instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha decretado la madrugada de este sábado libertad provisional sin fianza para Simón Galmés Veny, empresario del sector de residuos de la Part Forana, si bien le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el territorio nacional y le ha ordenado personarse cada quince días ante la autoridad judicial, a petición de los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán. Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, que han recordado que idénticas medidas se adoptaron también esta madrugada contra el ex director general de Residuos del Consell de Mallorca, Guillem Riera, de 47 años, después de que fuera interrogado durante dos horas por el magistrado y los fiscales Anticorrupción. Riera y Galmés declararon ante el juez después de que fuesen detenidos este jueves en el marco de esta nueva operación contra la corrupción en Mallorca, denominada 'Cloaca', en la que se han arrestado a seis personas, de las que cuatro ya han sido puestas en libertad. Concretamente, se investiga una presunta trama de desviación de fondos en la gestión de residuos en la Part Forana de la isla. En esta línea, el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma tiene abiertas unas diligencias por esta causa, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El juez ha declarado el secreto de sumario. Durante su declaración ante los agentes policiales, Riera negó los delitos que se le imputan y que, concretamente, son cohecho y malversación de caudales públicos, informa Europa Press. Fuentes jurídicas han señalado a mallorcadiario.com que los abogados de la defensa apuntan más a una presunta ilegalidad administrativa que a una criminal. Ello se debe a que una vez firmados los contratos con las empresas concesionarias, según las mismas fuentes, varios ayuntamientos comenzaron también a realizar una recogida selectiva puerta a puerta, por su cuenta. Por lo tanto, las contratistas seguían cobrando por el servicio acordado con los consistorios pero recogiendo menos para reciclar, con lo cual perdían dinero. Es en este punto donde el Consell decide cambiar el sistema de facturación, según aseguró Maria Morey, la economista del servicio de Residuos de la Institución Insular. Así, los concesionarios siguieron cobrando el total de la recogida selectiva de cada pueblo (excepto Palma y Calvià), tanto si hicieron el trabajo como si no. Las personas que quedaron en libertad con cargos, son María Mascaró, directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró; Maria Morey, economista del servicio de Residuos de la Institución Insular; Gabriel Perelló, funcionario e ingeniero técnico de profesión encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores en la isla; y un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (E.F.A). Las mismas fuentes aclaran que la operación sigue abierta y no se descantan nuevos detenidos. El caso, bautizado como Operación Cloaca, investiga una trama urdida desde el Consell con la connivencia necesaria de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado facturas. Este caso de supuesta corrupción, que afecta a la gestión en la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la Institución Insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros. Estas irregularidades, según aseguró este jueves el conseller insular de Presidencia, Cosme Bonet, afectan a la recogida de residuos sólidos y urbanos de la Part Forana desde el año 2005, si bien no pudo concretar que estas presuntas irregularidades afectaran a años anteriores. Según explicó, las presuntas irregularidades se detectaron durante una inspección ordinaria realizada en este departamento durante el verano, situación que se puso en conocimiento de los servicios jurídicos de la Institución y fueron ellos mismos los que recomendaron poner en conocimiento los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para que fuese investigado". Cabe señalar que Unió Mallorquina ha estado al frente de la gestión de residuos en la pasada legislatura y en la actual, hasta que la ruptura del Pacte, que supuso la expulsión de UM de las Instituciones. CATI JULVE SE DESVINCULA La portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Julve, se desvinculó ayer de la trama investigada en el marco de esta operación, tras asegurar "no tener nada que ver", y defender que las facturas en las que estampó su firma durante la época en la que se habrían producido estas irregularidades las rubricó sin saber que estaban infladas o no. "Yo firmaba, pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", ha recalcado.
