Greenpeace ha acusado este jueves a la Conselleria de Medio Ambiente de negarse a financiar las obras para detener el vertido de aguas fecales en la Bahía de Palma, y achacado esa situación la "dejadez política". Esta organización internacional comprometida con la defensa del Medio Ambiente también ha atribuido a "la dejadez de los políticos" la contaminación que causan "los planes de saneamiento antiguos y obsoletos que no pueden asumir el crecimiento de la población, incrementado en época turística".
En un escrito en el que denuncia contaminación por vertidos de aguas residuales al mar en todas las provincias costeras de España, Greenpeace apunta que la Consellería mantiene su negativa a costear esas obras pese a la insistencia de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) entre 2011 y 2015.
Greenpeace ha explicado que estos vertidos de aguas residuales urbanas que proceden de las aguas negras o fecales son una fuente continua de enfermedades como la otitis y la gastroenteritis, y que además afectan gravemente a los ecosistemas marinos.
"Las especies originales desaparecen y, en su lugar, aparecen otras adaptadas a los altos niveles de contaminación" ha apuntado la organización ecologista.
Entre otros efectos, causa una disminución de la presencia de especies beneficiosas como la posidonia oceánica, considerada clave para el mantener la biodiversidad y generar aguas transparentes y playas de arena blanca, y un aumento de la aparición de especies como medusas, microalgas y cianobacterias.
Según Greenpeace, en 2018 ha contabilizado al menos 90 impactos por vertidos de aguas residuales urbanas en alrededor de 80 municipios distribuidos por las 23 provincias costeras de España, lo que supone en cerca del 20 % de los municipios costeros.
Hasta el momento la Unión Europea (UE) solo ha sancionado a las localidades de Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate -en Andalucía-, Gijón Este -en Asturias- y Valle de Güímar, en Canarias, aunque el Ministerio de Transición Ecológica reconoce que aproximadamente una cuarta parte de los municipios de más de 2.000 habitantes no cumplen la normativa europea (.
“Tanto por motivos de salud pública como de protección del medio ambiente, la calidad del agua debería ser el objetivo fundamental de su gestión. Sin embargo, España está aún lejos de conseguirlo. De hecho, en muchos casos se ha revelado la pasividad de las administraciones responsables durante años, como ha ocurrido con los vertidos del Valle del Güímar, en Tenerife, o los de Mallorca”, ha señalado Paloma Nuche, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Esta semana se cumplen seis meses desde que la Unión Europea (UE) multó a España con 12 millones de euros por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales.
"Pocas cosas han cambiado. Medio año después (el primer plazo semestral que dio la UE para multar con otros 11 millones si los municipios sancionados no se ponían al día), se sabe ya que España seguirá pagando la multa hasta 2022", ha advertido la organización.
También Greenpeace ha denunciado la falta de información pública y de control por parte de las administraciones sobre el volumen real de los vertidos.
El último Informe de Vertidos Autorizados del Ministerio, de 2017, contabiliza un total de 1.030 puntos de vertidos autorizados desde la tierra al mar en toda la costa española, que suponen más de 17.000 millones de metros cúbicos al año (el equivalente a 6.800 piscinas olímpicas).
Sin embargo, de acuerdo a Greenpeace el número de vertidos no autorizados puede representar un elevado porcentaje respecto al total, como ocurre en Canarias, donde, de los 393 puntos de vertidos desde la tierra al mar, 277 no están autorizados, casi un 70% del conjunto.
