La organización ecologista Greenpeace ha detectado cinco zonas de Balears sometidas a elevada presión urbanizadora: el sudoeste de Ibiza, el interior de Formentera, la costa sudoriental de Mallorca, el área de Can Picafort y Son Serra de Marina y Punta Prima en Menorca. Greenpeace ha alertado, ante la "amenaza" de una nueva "burbuja inmobiliaria" en la costa española, sobre 53 zonas de alta presión urbanizadora que no están protegidas y se encuentran cerca de zonas ya urbanizadas y bien comunicadas o espacios naturales, en el informe "Protección a toda costa".
Sobre Baleares, el informe asegura que la presión urbanística "ha sido y continúa siendo enorme en el archipiélago" y la superficie artificial en el litoral creció un significativo 49 % entre 1987 y 2011.
Con 25.957 hectáreas, un 7 % del total, Baleares es la decimoquinta provincia española más construida en términos relativos.
Detalla que la presión ha sido particularmente "muy fuerte" sobre la costa por parte de la industria turística y concentrada en la bahía de Palma, Ibiza occidental, Mallorca noroccidental y oriental, y extremos este y oeste de Menorca.
Entre las cinco zonas sin protección, que Greenpeace considera "especialmente deseadas por la industria inmobiliaria-turística", cita en Ibiza dos zonas de especial riesgo: el tramo costero situado justo al oeste del aeropuerto, donde no hay figuras de protección ni en la fase terrestre ni en la marina, y la zona oeste de la isla, donde se están iniciando varias urbanizaciones.
En Formentera, aunque todas sus aguas y gran parte de la isla están protegidas por sus valores ambientales, Greenpeace alerta de que la Ley de Costas ha eximido a toda la isla del respeto estricto del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), algo que considera "una invitación a la urbanización en toda regla".
Cree necesario considerar todo el territorio "zona caliente crítica", especialmente el istmo oriental y la costa occidental al norte de Cala Saona.
En Menorca, señala los procesos urbanizadores lineales en Punta Prima, que está considerada zona caliente por la falta de protección específica en su fase terrestre y por tener áreas significativas disponibles. El resto de la costa menorquina está protegida o ya está "muy colmatada por la artificialización".
En Mallorca, si bien la costa de Tramuntana se ha mantenido bastante libre de transformación hasta el momento por su protección legal, Greenpeace alerta de que el lado contrario de la isla, la costa sudoriental, tiene un menor grado de protección y todavía cuenta con bastante espacio disponible en primera línea costera por lo que la considera zona caliente, al igual que el tramo en la bahía de Alcudia entre Can Picafort y Son Serra de Marina.
Por otra parte, la entidad señala que Baleares mantiene una tercera parte de su franja litoral, un 33 %, con alguna figura de protección y es la quinta provincia española con mayor porcentaje de protección.
Un 41,5 % de la franja está ocupado por hábitats de interés de la Red Natura 2000 y se encuentran 176 especies de vertebrados silvestres. Es además la terceraª provincia con mayor porcentaje de hábitats en la franja costera.
En el informe, la entidad parte de la hipótesis de que se esté produciendo una "nueva edad de oro" del ladrillo, después de que el mercado de la vivienda creciera en España en 2016 "a un ritmo que no se veía desde hace una década".
Por ello, pone el foco en aquellos espacios que quedan sin urbanizar en la costa, los que aún no están protegidos y que podrían ser los emplazamientos donde la construcción, tanto de viviendas como de infraestructuras "se pudieran cebar en un futuro", al ser las más codiciadas por los promotores inmobiliarios.
Estas áreas se caracterizan por no estar ya muy saturadas de ocupación artificial y por su fácil accesibilidad, por lo que "la mejor forma de proteger es dificultar el acceso", según se señala en el documento.
"No podemos permitirnos el modelo que nos ha llevado a la ruina económica de nuestro país ni la impunidad sobre las leyes medioambientales, ha afirmado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, quien ha considerado "especialmente escandaloso" el caso del hotel El Algarrobico, en el Cabo de Gata (Almería).
Para no cometer los errores del pasado ante un posible resurgir urbanizador, la organización propone la puesta en valor de las figuras de protección de la naturaleza y de las zonas que limitan con estos parques, porque son las que están en mayor riesgo y reclama la planificación del litoral en su conjunto, "no municipio a municipio".
El documento de Greenpeace mide las variables de la ocupación del dominio público marítimo terrestre, la superficie artificial, los espacios naturales protegidos, los hábitats de interés incluidos en la red Natura 2000 y las áreas de alta presión urbanizadora.
Del análisis se desprende que el 31,8 por ciento de la franja del dominio público marítimo terrestre en España está ocupada y destacan las provincias de Málaga y Cádiz, con el 74,9 y 71,3 por ciento de la primera línea de costa construida.
De otro lado, Greenpeace concluye de que solo un 27 por ciento de la costa española está protegida -un 24 por ciento en el caso de Andalucía-, clasificación que encabeza Huelva debido a la presencia del entorno del Parque Nacional de Doñana, seguida de Tenerife (59,7 por ciento).
Las diez primeras provincias con más espacio costero protegido son: Huelva, con un 61 % debido a la presencia del entorno del Parque Nacional de Doñana; Tenerife con un 59,7 %; seguido de Las Palmas 51,6 %; Baleares 48,8 %; Girona 42,7 %; Barcelona 30,8 %; Región de Murcia 26,3 %; Cádiz 26,2 %; Tarragona 23,5 % y Alicante 19,3 %.
