Las dos partes han firmado el documento en un acto celebrado este mediodía en el patio del Consolat de Mar al que también han asistido la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, y los responsables sindicales Miquel Gelabert (STEI), Miguel Ángel Romero (UGT), Pep Ginard (CCOO), Luis Apolinar (CSIF) y Ramón García (Simebal).
Prohens ha celebrado que, con la firma, se culmina el que ha sido un proceso "largo, de muchas reuniones, debates y diálogo" para alcanzar un consenso entre el Ejecutivo autonómico y las fuerzas sindicales.
"No ha sido fácil, el Govern ha buscado siempre el máximo consenso, el más amplio posible, ante el importante esfuerzo que supone este acuerdo para la Comunidad Autónoma", ha subrayado la presidenta.
Entre este año y 2028, periodo en el que se deben ejecutar las mejoras laborales y retributivas, el Govern invertirá cerca de 240 millones de euros, ha detallado Prohens.
Pese a el volumen de la inversión, ha asegurado, el Ejecutivo firma el documento con el convencimiento de que nace del diálogo y del consenso. "Es de justicia y os lo debíamos", ha dicho dirigiéndose a los trabajadores.
DETALLES DEL ACUERDO
El acuerdo, que fue alcanzado a finales del pasado mes de febrero, contempla la recuperación de los recortes (del 2,9 por ciento) por las congelaciones salariales de 2020 y 2021, algo que ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en virtud de un contencioso interpuesto por el STEI.
En relación al aumento complemento de insularidad, el pacto estipula que el aumento se llevará a cabo durante los años 2026, 2027 y 2028 y será igual para todas las categorías de funcionarios.
De este modo, al finalizar el proceso las indemnizaciones por la insularidad serán de 205,3 euros mensuales en Mallorca, de 410,6 euros en Menorca e Ibiza y de 615,9 euros en Formentera.
En materia laboral, el acuerdo determina la generalización de la jornada de 35 horas y la activación del grupo B de funcionarios a nivel autonómico, y que en incapacidad temporal se cobre la totalidad del salario desde el primer día. Además, estipula que cuando se apruebe la jubilación parcial del personal funcionario en el Estado, se desarrollará también a nivel autonómico.
Para velar por la aplicación de estas y otras mejoras, como las relativas a la promoción interna, las vacaciones o la conciliación, el documento establece la creación de un Observatorio del Empleo Público.
