El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que será aprobado este viernes por el Govern permitirá luchar contra el alquiler turístico ilegal con una medida contundente: las viviendas que se alquilen a turistas sin licencia, serán clausuradas y precintadas.
El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que será aprobado este viernes en Consell de Govern, modifica la Ley de Turismo de las Islas Baleares para que se ordene en todo caso y como medida cautelar, la paralización y clausura temporal de toda vivienda que desarrolle una actividad turística clandestina. Dicha medida provisional será obligatoria en los casos de publicidad, contratación o comercialización turística de viviendas.
También se contempla como sanción accesoria la suspensión temporal del ejercicio de actividad de la empresa o del ejercicio profesional, la revocación de la habilitación o la clausura temporal o definitiva del establecimiento o de la vivienda de uso residencial que comercialice estancias turísticas.
El precinto y clausura de los pisos que se alquilan a turistas sin tener licencia para ello es una medida demandanda con insistencia por los consells insulars, especialmente por el Consell d'Eivissa, para poder combatir el intrusismo y atajar que los inmuebles residenciales acaben destinados al turismo, agravando la falta de vivienda para residentes. Así lo anunció el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en una reciente entrevista publicada por este digital. También la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo avanzó el miércoles durante la gala de la Nit del Turisme 2023, celebrada en su séptima edición en Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).
VIVIENDA DE PRECIO LIMITADO
El decreto ley que este viernes aprueba el Govern crea una nueva figura, denominada vivienda de precio limitado, cuya característima más importante es la limitación de su precio máximo de compraventa y de alquiler. Su superficie máxima será de 90 metros cuadrados útiles, destinados a domicilio habitual y cuyos usuarios o beneficiarios no podrán ser titulares de ninguna otra vivienda en el territorio nacional, evitando así la especulación inmobiliaria.
Además, contempla un conjunto de medidas destinadas a transformar locales y alojamientos turísticos obsoletos en viviendas, permitir la construcción de edificios más altos y dividir propiedades para crear viviendas más pequeñas. El propósito es aumentar la oferta de viviendas asequibles en áreas urbanas, sin consumir territorio y regular los precios tanto de compra como de alquiler de estas nuevas viviendas.
En cuanto a los precios, variarán según el municipio, la eficiencia energética y el tamaño de las viviendas, pero en términos generales oscilarán entre 385 y 905 euros para el alquiler y entre 102.000 y 241.000 euros para la compra, considerando principalmente pisos de 60 o 80 metros cuadrados. Estos valores representan los límites mínimo y máximo, teniendo en cuenta las variables mencionadas cuando no se trate de obra nueva.
