Juan A. Fernández Hernández (Barcelona, 13 de octubre de 1975), es desde mayo de 2020 el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), una asociación profesional a la que pertenecen 25.000 agentes en todo el país, de los cuales 650 están destinados en Baleares.
¿Cuáles son los principales problemas de los guardias civiles en la actualidad?
Quizás el problema más importante es que los guardias civiles han avanzado en la consolidación de sus derechos, pero siguen siendo catalogados como una policía de segunda, quedan muchas cosas por cambiar en lo que se refiere a la conciliación laboral y a cómo se reparten esas gratificaciones por productividad. Estamos hablando de la jornada laboral y esa productividad que no llega a quienes realizan servicios operativos, pero además estamos abordando, y por eso decimos que estamos siendo tratados como policías de segunda, en todo lo que afecta a la administración pública. El Gobierno ha firmado un acuerdo para una administración del siglo XXI, mientras la Guardia Civil sigue anclada en el siglo XIX. Nos excluye de ese acuerdo en cuanto a la negociación. Y, por último, estamos luchando por las jubilaciones, algo que preocupa mucho a los agentes. Hemos firmado un acuerdo de equiparación salarial (con las policías autonómicas) que ha mejorado las retribuciones, pero cuando llega la jubilación, ven cómo sus retribuciones disminuyen drásticamente. Mientras las policías locales y autonómicas sí tienen unos índices correctores para su jubilación y se jubilan con el 100 por 100.
"Se han mejorado las retribuciones pero cuando llega la jubilación, disminuyen drásticamente"
¿Ha habido una mejora en sus retribuciones en los últimos años?
Sí. El movimiento asociativo poco a poco va fraguando. AUGC el año próximo cumplirá 30 años desde su nacimiento y de manera paulatina y progresiva, aunque lentamente, hemos ido consiguiendo mejoras. Los guardias civiles eran prácticamente semiesclavos en los años 90 y 2000. No hablamos de la dictadura. En el año 2007 se lleva a cabo una manifestación de uniforme en la Plaza Mayor de Madrid y tras esa movilización contundente, se produjo el nacimiento del asociacionismo profesional con la aprobación de las reformas legales que AUGC venía reivindicando. Se crea un órgano de representación que es el Consejo de la Guardia Civil y por primera vez, en 2018, nos sentamos con el Ministerio del Interior a negociar un acuerdo, junto a los sindicatos de la Policía Nacional. Firmamos un acuerdo con conlleva 807 millones de euros a ejecutar en tres años. Este acuerdo, pese a las dificultades, se han ejecutado y las retribuciones han mejorado. Queda pendiente el asunto de la jubilación, que antes le he citado, y en ese sentido seguimos trabajando.
"Firmamos un acuerdo con conlleva 807 millones de euros"
¿Cree satisfactorio el funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil?
Todo puede mejorar. Este órgano de representación, como ocurre en el reto de órganos de representación de trabajadores y trabajadoras funcionarios públicos, no es vinculante. Queda pendiente un cambio de mentalidad en las altas esferas y en el generalato de la Guardia Civil. Tenemos que ser capaces de llegar a entendimiento mediante el diálogo y no la confrontación, que es ahora mismo el espíritu que predomina en el Consejo. Sin embargo, sí que está dotado de mecanismos para dialogar y podemos trasladar las demandas de los guardias civiles. Y de manera lenta, van siendo atendidas.
¿Siguen siendo funcionarios de segunda los miembros de la Guardia Civil?
Los guardias civiles en la década de los 90 y de los 2000, y no nos vamos a referir a épocas anteriores, eran ciudadanos de segunda. Ese estatus a día de hoy ha mejorado y ahora estamos siendo tratados como funcionarios de segunda. Hemos consolidado derechos como el de representación y también una jornada laboral que mejora las condiciones de trabajo. Nuestras demandas van siendo atendidas, no como nosotros queremos, pero vamos avanzando. Sin embargo, el Gobierno firma un acuerdo para una administración pública del siglo XXI y deja fuera del acuerdo a los guardias civiles. Por tanto, sí, seguimos siendo funcionarios de segunda.
¿Sigue habiendo problemas con la aplicación excesiva del régimen disciplinario y del Código Penal Militar?
Es una obsolescencia lo que sufren los guardias civiles con ese Código Penal Militar que debe quedar superado, pero existen fuertes resistencias por parte del generalato para que esto no sea así. Todavía queda pendiente un cambio de mentalidad. Y el régimen disciplinario sigue aplicándose con demasiada habitualidad. AUGC ha detectado una problemática. Siendo la Guardia Civil un cuerpo militar al que se le presupone fuertemente disciplinado, hay muchos más expedientes sancionadores por falta grave que por falta leve. Eso significa que algo no funciona. Existe un conflicto laboral y las medidas que lo solucionen deben llegar por aceptación y no por confrontación.
¿Siguen siendo habituales las represalias en forma de sanciones disciplinarias a los representantes de AUGC y del resto de asociaciones profesionales para acallarlos?
No y sí. No existe un problema en cuanto a que ejercer el derecho de representación conlleve una represión, pero sí ocurre a los miembros de AUGC. Así nacimos, así crecimos y así nos siguen tratando. A día de hoy, ser representante de AUGC tiene unas connotaciones negativas en tu trayectoria profesional, no sólo en cuanto a sanciones disciplinarias, sino en todo lo que es potestativo, como comisiones de servicio, condecoraciones, etc. Aun así, somos la asociación profesional mayoritaria y con mayor representación en la Guardia Civil.
¿AUGC mantiene su reivindicación de desmilitarizar la Guardia Civil?
Con esa idea nacimos. Creemos que el modelo policial debe evolucionar, pero no es la única idea en la que se basa nuestra reclamación de mejora de los derechos laborales de los guardias civiles. La desmilitarización es la manera de llegar a un fin, pero no un fin en sí mismo. Hace unos días hemos visto a jueces y fiscales, que carecen del derecho de sindicación, pero sí tienen asociaciones profesionales, a pesar de tenerlo vedado, han ejercido el derecho de huelga. Y eso ha provocado que se haya alcanzado una mejora salarial. Ese es ahora mismo el principal objetivo de AUGC, convertirnos en un sindicato para dotarnos de las herramientas necesarias para que los guardias civiles sean tratados como servidores públicos de primera y no de segunda.
PROBLEMÁTICA EN BALEARES
Hablando de la problemática que afecta a los agentes destinados en Baleares, ¿qué es lo más urgente?
El acceso a la vivienda en un primer momento para quien viene destinado y mejorar las retribuciones que merece un guardia civil que quiere hacer su vida en Baleares. Hay que hacer esas dos distinciones. Quien viene en comisión de servicio por un tiempo, choca de frente con el problema de la vivienda, se ve abandonado y en la calle. Pero el guardia civil que quiere hacer aquí su vida, ve que su salario no le da para el día a día y el plus de insularidad es ridículo y no compensa. No se puede permitir pagar un alquiler y hacer frente al coste de la vida que hay aquí, porque Baleares es una zona de especial singularidad en el conjunto del resto de España, pero el Ministerio del Interior no lo reconoce y no quiere hacer esa declaración que nosotros solicitamos. Lo que ocurre aquí, con la renta per cápita tan alta que tiene esa comunidad autónoma, no la tiene el resto del país y eso tiene que ser tratado de manera singular.
"El guardia civil que quiere hacer aquí su vida, ve que su salario no le da y el plus de insularidad es ridículo"
¿Le parece decepcionante cómo está abordando este problema el Gobierno?
Sonrojante. No hay palabras para definir lo que el Gobierno está haciendo con los guardias civiles en Baleares, que les está dejando abandonados y abocados a una toma de decisiones drástica, en la que no se debería de ver ningún funcionario. Un guardia civil que está para defender los derechos y libertades del ciudadano, y que, además, ejerce sus funciones como agente de la autoridad, se ve en una situación totalmente humillante, teniendo que dormir en furgonetas, pisos patera, camas calientes. Esto lo está permitiendo el Gobierno de España y eso no puede ser.
Si hay casos y lugares, aunque no esté generalizado, donde un agente, por falta de vivienda, debe vivir en un coche o una tienda de campaña, ¿Se puede decir que ha llegado el sinhogarismo a la función pública en la Guardia Civil?
Sí, es la punta del iceberg. Cada uno tiene que resolver sus problemas como buenamente puede y se dan multitud de situaciones. El problema de la vivienda es una problemática que afecta muy especialmente a Baleares. Y hay muchos casos que no conocemos porque los afectados no se atreven a decir por vergüenza. Esto provoca un estrés añadido y un aumento de bajas médicas por causa psicológica. Quiero recordar que los guardias civiles siguen con una tasa de suicidio muy superior al resto de la sociedad y sus problemas no están siendo atendidos como merecen.
¿Cuántos casos han detectado de agentes que han tenido que recurrir a la baja psicológica porque han sido destinados a las Islas y no tienen dónde vivir?
Los datos que nos trasladan son que del último movimiento de destinados forzosos, llegaron 17 guardias civiles y sólo hay dos trabajando, porque los otros 15 no han podido encontrar una solución.
"Del último movimiento de destinados forzosos, llegaron 17 guardias civiles y sólo hay dos trabajando"
No puedo terminar esta entrevista sin preguntarle por la memoria democrática en la Guardia Civil. ¿Qué puede decirnos de esto? ¿Hay avances?
Debo decir que nos sentimos muy orgullosos del pasado de AUGC, que es nacer en la clandestinidad, cuando ya España se encontraba en el periodo democrático. Ese Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) evoluciona a la Asociación COPROPER 6-J, y posteriormente a la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Esto no fue de forma pacífica, se consiguió en los tribunales. Y esto tiene nombre y apellidos.
La memoria democrática en España está dejando abandonada a una persona como es el sargento José Morata, quien se merece todo nuestro respeto como uno de los socios fundadores de AUGC. Hemos intentado que su caso sea resuelto a través del Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática y nos hemos encontrado con las puertas cerradas.
La memoria democrática tiene que llegar a todos los ámbitos y la Guardia Civil, una vez más, no puede quedar excluida. No podemos quedar fuera en este periodo en que se está revisando la memoria democrática y quizás sea más sonrojante recordar que en plena democracia, hubo guardias civiles que fueron represaliados y encarcelados por algo que hoy en día está reconocido como es el derecho de representación en la Guardia Civil. Exigimos que el caso de Morata, que fue expulsado, sea revisado.
