Nuestra comunidad autónoma está infrafinanciada. Este problema, que ya ha sido reconocido por el Gobierno central, es el más importante a los que tiene que hacer frente el Govern de les Illes Balears. No se cumplirá el techo de déficit en 2015 (fijado en el 0,7% del PIB), como no se cumplió en 2014, cuando era del 1% como máximo. Y previsiblemente tampoco se cumplirá en 2016, establecido en un exiguo 0,3% de imposible cumplimiento por más que se recauden muchísimos más impuestos.
El Ejecutivo autonómico aduce que el mensaje de los ciudadanos en las urnas es el de poner fin a la austeridad y no aplicar más recortes. En efecto, los partidos de izquierdas que conforman el Govern (PSIB y Més), junto a la formación que le da su apoyo parlamentario (Podemos), se posicionaron claramente en contra de las medidas de austeridad y contención presupuestaria que comportaran recortes en los servicios públicos. Desde este punto de vista la posición política del Govern es legítima e impecable. Y es desde este planteamiento donde el Govern ha anunciado en los escasos dos meses que lleva ejerciendo su responsabilidad medidas que comprometen más gasto público que en una información que ayer publicó mallorcadiario.com se puede cuantificar en no menos de 10 millones de euros, a falta de determinar el coste de medidas cuyo coste aún no ha sido tasado.
Sin embargo no se puede obviar que el Gobierno central tiene a su disposición mecanismos legales para corregir a aquellas comunidades que no cumplan con lo establecido en materia de estabilidad presupuestaria. Esto es un riesgo no menor que las formaciones de izquierda creen poder conjurar con un resultado favorable en las próximas elecciones generales. Pero la situación comprometida económicamente no cambiará de la noche a la mañana porque Mariano Rajoy abandone La Moncloa. Y además, está por ver que eso suceda. Pero la deuda pública ahí estará y habrá que pagarla.
