La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de lasautoridades Suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".
Delitos imputados
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones deanotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar oenajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.
Entre los 51 detenidos se encuentra el empresario David Marjaliza quien en su página web se presentaba como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada".
El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.
Detenidos los alcaldes de Parla, Valdemoro, Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco...
La Guardia Civil también ha detenido en el marco de la 'macroperación Púnica' contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional el arresto de los alcaldes de los municipios madrileños de Collado Villalba (Agustín Juárez del PP), Casarrubuelos (David Rodríguez del PP), Serranillaos del Valle (Antonio Sánchez Fernández de la Unión Demócrata Madrileña) y Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas Navarro del PP), han informado fuentes de la investigación. Además han sidoarrestados los alcaldes de Parla (José María Fraila del PSOE) y Valdemoro (José Carlos Boza del PP).
En la lista de detenidos también se encontraba el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso y el secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo. Además, también fueron detenidos el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del gobierno murciano, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez. Saura, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, y Martínez, ex edil del PP en Molina de Segura, habrían sido llevados por la Guardia Civil para prestar declaración. Además, los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía "no muy elevada".
