A estas alturas ya se puede decir que los Fondos Europeos no han conseguido transformar la estructura económica “poscovid”. Cuando, precisamente ese era el objetivo que se habían marcado. Aunque no se quiera reconocer por todos aquellos que estén implicados –o tengan interés- en los mismos, se puede constatar su fracaso. Un fracaso que muchos anticipamos dados los precedentes de otras iniciativas similares.
La única forma de transformar una economía muy regulada, como la nuestra, es mediante un proceso de desregularización, o como mínimo, de transformación regulatoria que favorezca la libertad empresarial. Tal como pretende hacer ahora el presidente Milei en Argentina, o como hizo Konrad Adenauer en la Alemania de posguerra o, incluso, como hicieron los economistas tecnócratas con el Plan de Estabilización español de 1959. La capacidad creativa siempre es previa a la búsqueda de financiación.
Para hacernos una idea basta con estar atentos al PERTE más emblemático, que tenía que ser el del coche eléctrico, favorecido además por una precipitada prohibición de los vehículos de combustión interna y de restricciones de circulación en las grandes urbes. Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, las dudas sobre la sustitución de unos vehículos por otros persisten. De hecho, se está volviendo a demostrar, una vez más, que la planificación centralizada capitaneada por los burócratas gubernamentales es absolutamente incompatible con la función empresarial que produce auténtica riqueza.
Desde hace meses, tanto determinados políticos europeos, como algunos periodistas, están inquiriendo acerca del destino de dichos fondos. Pues sigue siendo una incógnita saber con certeza, no sólo cuáles son los resultados obtenidos, sino el alcance de su ejecución o, incluso, su destino concreto. La información disponible es fragmentaria e irregular a pesar de que han transcurrido más de dos años desde su puesta en funcionamiento.
Todo parece indicar que la mayor parte de las cuantías llegadas desde Bruselas continúan perdidas en los vastos bosques burocráticos estatales y autonómicos. Mientras que la escasa parte ejecutada ha beneficiado, sobre todo, a las administraciones públicas y a sus empresas. A la vez, todo ello, en su conjunto, sí ha supuesto una formidable operación de maquillaje de los diferentes resultados macroeconómicos, favoreciendo el incremento del poder discrecional de los gobiernos.
Por otro lado, una consecuencia indeseada de los mismos, se producirá porque no son pocos los ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos estatales receptores que han dejado de presupuestar, con recursos propios, parte (o la totalidad) de sus las inversiones ordinarias. Dicho de otra manera, que han podido incrementar sus gastos corrientes, contribuyendo, con ello, a agravar los problemas estructurales de nuestro país relativos al exceso de gasto público.
En definitiva, los PERTES, diseñados desde la política, no han contribuido a transformar nada que no se estuviera transformando ya desde el propio seno de la actividad económica espontánea. Pues, tanto el proceso de descarbonización, como la digitalización o la promoción social y la igualdad de género surgen de la propia esencia del capitalismo.
Las responsabilidades de este fracaso quedarán totalmente diluidas por los múltiples intereses que se conjugan en la defensa de este tipo de acciones políticas, y por la maraña de administraciones responsables. Sin embargo, son muchos los que están concluyendo que las cosas hubiesen sido muy diferentes si se hubiesen empleado esas enormes cuantías en reducir, aunque fuese temporalmente, la presión tributaria.
