El Govern ha reiterado este miércoles la denuncia de crímenes contra la humanidad en las fosas exhumadas en Baleares, que ya se presentó y archivó en 2018, pero que esta vez se ha presentado ante la Fiscalía Superior de Baleares a fin de que se traslade a la nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
"No es la primera vez que se presenta esta denuncia, pero estamos seguros de que será la definitiva", ha manifestado el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, este miércoles en una rueda de prensa en la que ha reiterado que 196 de las 301 víctimas han sido "certificadas como víctimas de asesinato".
Por su parte, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha explicado que se ha vuelto a presentar la denuncia que la Fiscalía de Baleares ya archivó en 2018 porque desde entonces se han aprobado las leyes estatal y autonómica de Memoria Democrática, que obligan a la comunidad a investigar y dar cuenta a las autoridades judiciales de los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista.
"Pedimos que se traslade a la nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos toda la información de las 196 victimas que se ha comprobado que sufrieron una muerte violenta al exhumarse las fosas", ha apuntado Garrido.
Además, ha recordado que la Ley de Amnistía debe interpretarse bajo el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles.
Asimismo, Yllanes ha señalado que la responsabilidad penal no es el objetivo principal de la denuncia, y ha explicado que "sólo con una resolución que conceda a las familias la satisfacción de saber que sus familiares fueron asesinados por defender sus ideas ya es un buen comienzo", que ha indicado que podría continuar con la recuperación de la memoria de estas personas.
MUERTES VIOLENTAS CERTIFICADAS EN LA NUEVA DENUNCIA
Con posterioridad a las intervenciones de las fosas de Sant Joan y Porreres de 2014 y 2016, objeto de la primera denuncia, las exhumaciones han continuado, por lo que en la actual demanda se adjuntan los informes y certificados de los resultados de las exhumaciones llevadas a cabo entre 2018 y 2022 en las fosas de Calvià, Inca, Llucmajor, Marratxí, el Pou de s'Àguila (Llucmajor), Porreres y Son Coletes (Manacor), en Mallorca.
También las de los cementerios de Ses Figueretes de Ibiza y de Sant Francesc en Formentera, donde los análisis antropológicos correspondientes también han determinado que hay cuerpos exhumados que presentan evidencias de muerte violenta.
"Esta denuncia incluye todas las víctimas con signos de violencia que hemos podido certificar desde que Memoria de Mallorca impulsó en 2014 la apertura de la primera fosa en Baleares, y hasta el Tercer Plan de Fosas del Govern incluido", ha explicado Yllanes.
En este sentido, ha añadido que los restos del Cuarto Plan de Fosas del Govern, ahora mismo en ejecución, todavía no se han incluido en esta denuncia, "ya que los análisis antropológicos todavía no han finalizado para determinar todos los detalles", como sería el caso de los restos exhumados en la última fase del cementerio de Son Coletes, en Manacor.
