Foro de la Familia pide al Parlament un "Informe de impacto familiar" en todas las leyes de Balears

El Foro de la Familia de Balears (FFB) pide a los grupos políticos del Parlament que como medida a favor de la familia introduzcan en todas las leyes que se realicen y aprueben en las Balears "un informe de impacto familiar" en dichas leyes.

Con motivo, de la reciente resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que “alienta a los gobiernos a que sigan haciendo todo lo posible para lograr integrar la perspectiva de familia en la formulación de sus políticas” y que el Parlament Balear aprobó por unanimidad en una declaración en sesión parlamentaria el 19 de febrero de 2013 , desde FFB proponemos que se implante el informe de impacto familiar, como herramienta que sirva para medir el impacto de una determinada política o programa en la situación de las familias.

Formando parte de las iniciativas de desarrollo en general, apoyando el propósito de responder a las dificultades con las que se enfrentan las familias y a continuar guiando las iniciativas que benefician a las familias en Balears e integrando la perspectiva de la familia a través de la introducción de un informe o evaluación de impacto familiar como un componente destacado e inexcusable del proceso legislativo en las siguientes cuestiones:

1. Ayuda y responsabilidades familiares

Las políticas y programas deberían aspirar a apoyar y complementar el funcionamiento de las familias y a sustituirlas sólo cuando no queda otro recurso. Por tanto, no deberían aportar incentivos para que personas ajenas a la familia les suplan en sus funciones si no es imprescindible, ni tampoco que pretendan que las familias puedan hacer frente a situaciones financieras y/o de atención de dependientes, enfermos o discapacitados, que resulten inasequibles. En cambio, tendrían que reforzar el deber que tienen los padres de apoyar financieramente a sus hijos.

2. Pertenencia a la familia y estabilidad

Siempre que sea posible, las políticas y programas deben promover y reforzar el compromiso conyugal y parental, así como la estabilidad, sobre todo cuando hay menores implicados. La intervención en la custodia y vivienda sólo está justificada por lo general para proteger a los miembros de la familia del riesgo cierto de perjuicio o porque lo solicite la propia familia.

Más aún, deberían asignar recursos para ayudar a que la pareja o la familia se reagrupen cuando sea oportuno y reconocer que las transformaciones definitivas en la familia, como puedan ser el divorcio o la adopción, son procesos que producen efectos a largo plazo y requieren ayuda y atención continuadas. En ese sentido, también deben definirse los criterios para que una persona deje de pertenecer a la familia.

3. Integración e interdependencia familiares

Las políticas y programas deber reconocer la interdependencia de las relaciones familiares, así como la solidez y la continuidad de los vínculos y obligaciones familiares, y el valor de los recursos a los que las familias pueden recurrir para ayudar a sus miembros. Deberían tener en cuenta la relación entre las necesidades individuales y las familiares, así como la influencia de las individuales en las familiares, así como la complejidad y obligaciones que supone el cuidado de los miembros familiares con necesidades especiales (como son la discapacidad física o mental, o las enfermedades incurables). Otros aspectos a tener en cuenta.

Otros ejemplos incluyen la implicación de los miembros de la familia cercana y extensa en la búsqueda de soluciones; el reconocimiento de la fuerza y permanencia de los vínculos familiares, incluso cuando son problemáticos o destructivos; el establecimiento de redes informales de apoyo social (como las asociaciones de vecinos o urbanizaciones, o las asociaciones religiosas) que son esenciales para la vida familiar; el respeto a las decisiones familiares sobre la distribución del trabajo; la resolución de las desigualdades en la familia; la representación de las perspectivas de todos los miembros de la familia en la toma de decisiones; la evaluación y armonización de las necesidades, derechos e intereses que concurren en los distintos miembros de la familia; y la protección de los derechos y la seguridad de toda la familia, dentro del respeto a los derechos de los padres y a la integridad familiar.

4. Colaboración y empoderamiento familiares

Las políticas y programas deben incentivar a las personas y los miembros más cercanos de su familia a que colaboren con los profesionales en el ejercicio de servicios domésticos. Además, los representantes de los padres y las familias son recursos esenciales a la hora de llevarlos a la práctica, evaluarlos y mejorarlos y, en ese sentido, conviene que aporten la información necesaria y que cubran distintos tipos de familias.

Conviene que se respete la autonomía familiar y su capacidad para tomar decisiones propias, y es importante estudiar bien en qué casos está justificada la quiebra de la autonomía familiar y la intervención del personal administrativo y la suplantación en la toma de decisiones; si se promueve que los profesionales correspondientes trabajen conjuntamente con sus clientes, pacientes o alumnos; si se tiene en cuenta la necesidad familiar de coordinar los distintos servicios requeridos; si se integra adecuadamente con otros programas que utilizan las familias, si hacen que los servicios ofrecidos sean fácilmente accesibles para todas ellas en términos de ubicación, horarios y facilidad de acceso y de uso de su oferta.

También deben evitar que las familias que participen sean despreciadas, estigmatizadas o sometidas a circunstancias humillantes y, en cambio, promover que los representantes de padres y familias participen en la puesta en práctica, evaluación y mejora de los programas.

5. Diversidad familiar

La realidad contempla distintas formas y configuraciones familiares, y las políticas y programas deben tener en cuenta sus distintos grados de repercusión en cada una de ellas. Ante todo, deben reconocer el valor de la diversidad en la vida familiar y no discriminar a una familia exclusivamente por su estructura, sus roles, valores culturales o niveles de edad.

La política o programa correspondiente debe tener en cuenta las relaciones intergeneracionales y las responsabilidades de unos miembros de la familia respecto a otros; tener una justificación suficiente si beneficia en un determinado tipo de familia (por ejemplo, familias en las que los dos padres tienen un empleo remunerado o familias monoparentales); evitar la discriminación o penalización de cientos tipos de familias sin tener un motivo suficiente; e identificar y respetar los valores, actitudes y comportamientos relevantes de familias de distintas extracciones raciales, étnicas, religiosas, culturales o geográficas.

6. Apoyo a las familias vulnerables

Las políticas y programas deben incluir a aquellas familias que se encuentran en una situación de mayor necesidad económica y social, así como las que son más proclives a la ruptura. Ante todo, deben identificar y ayudar abiertamente las prestaciones dirigidas a familias con carencias económicas o sociales extremas.

Además, debe apoyar a las familias que tienen más posibilidades de ruptura, al faltarles los recursos y motivaciones para la prevención de los problemas familias antes de que deriven en crisis o situaciones crónicas.