La Fiscalía Anticorrupción no pedirá el ingreso en prisión de Jaume Matas a la espera de que el Gobierno Rajoy se pronuncie sobre la petición de indulto presentada por el expresidente. Tal actitud del Ministerio Público entra del sentido común. El Ejecutivo central tiene un año de plazo para hacer pública su decisión y Matas ha sido condenado a nueve meses de cárcel por tráfico de influencias. Sería contraproducente que el acuerdo gubernamental se produjese cuando el expresidente ya hubiese cumplido buena parte o la totalidad de su condena. Es más que coherente este paso dado por la Fiscalía.
El que se encuentra ante un auténtico compromiso es el presidente Rajoy. Si opta por no contestar a la petición de Matas, este ingresaría en prisión dentro de un año. Si optase por el indulto, el escándalo político sería muy grande al tratarse de un excompañero de Gabinete.
Los problemas de Matas con la Justicia han entrado en una senda de muy difícil solución. El hecho de que el Tribunal Supremo rebajase de seis años a sólo nueve meses la condena a que fue sometido por la Audiencia de Palma podría interpretarse, en principio, como una indicación del Alto Tribunal de que Matas no ingresase en prisión al ser la pena inferior a dos años. Pero la Audiencia se ha mantenido firme y con el único delito aceptado por el Supremo, el de tráfico de influencias, ha decidido este encarcelamiento.
La figura del indulto es muy contestada en diferentes ámbitos políticos porque supone, en la práctica, que sea el Ejecutivo el que decida en último extremo si una persona ha de ingresar en prisión. Pero en nuestro Estado de Derecho está perfectamente regulada y amparada. Su aplicación depende, a menudo, del ambiente político de cada coyuntura. Y la más importante esperanza de Matas se centra en que es tal la ristra de escándalos que afectan a organizaciones de diferentes colores políticos que es posible que se busquen fórmulas para superar la patética situación actual.
